Los hombres delinquían desde dentro de las propias filas de la fuerza pública. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, tres integrantes de la Armada Nacional habrían alertado a una red narcotraficante sobre los movimientos de las unidades navales en el Pacífico nariñense, permitiendo el tránsito de lanchas cargadas con cocaína hacia Ecuador, México y Estados Unidos.
Tres miembros de la Armada Nacional fueron capturados y judicializados por presuntamente recibir dinero de una red narcotraficante a cambio de entregar información reservada sobre controles marítimos en las costas de Tumaco (Nariño).
El modus operandi consistía en filtrar información clasificada sobre los patrullajes y ubicaciones de las embarcaciones de la Armada a cambio de dinero. Según la investigación, los uniformados recibían pagos millonarios por “liberar el paso” de las lanchas cargadas con droga hacia Ecuador, México y Estados Unidos
Los implicados fueron identificados como los cabos de Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, y el marinero primero Henry Junior Ahumada Rodríguez, quienes presuntamente mantenían contacto con un grupo delincuencial conocido como Los Radaristas.
De acuerdo con el expediente, Ahumada Rodríguez habría aprovechado su posición como radarista para alertar a la estructura ilegal sobre la ubicación de las unidades navales, llegando a recibir hasta 40 millones de pesos por indicar la localización de un grupo anfibio y permitir la salida de una lancha con cocaína.
Entre tanto, Pérez López y Vergara Mercado habrían suministrado información sobre operaciones en aguas jurisdiccionales de Tumaco, e incluso intervinieron para que motonaves incautadas fueran devueltas a la red criminal, entre febrero y junio del presente año.
Los tres uniformados fueron capturados en Tumaco (Nariño) y Cartagena (Bolívar), y presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, concusión y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos, y el juez ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza la investigación.
