El proyecto debía movilizar hasta 550.000 toneladas anuales de graneles líquidos. Con una sanción de USD 13,4 millones e inhabilidad de cinco años, el Gobierno busca reactivar un activo estratégico que nunca entró en operación.
La bahía de Santa Marta perdió una de sus apuestas logísticas más ambiciosas de los últimos años. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) declaró la caducidad del contrato de concesión No. 003 de 2015 con la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., luego de comprobar que en una década no se ejecutó una sola obra ni se destinó capital alguno al plan de inversiones acordado.
El proyecto, valuado en más de USD 40 millones, preveía la construcción de un muelle en “T” de 187 metros y un viaducto para la transferencia de aceites vegetales, crudo e hidrocarburos. Su operación habría permitido movilizar entre 450.000 y 550.000 toneladas anuales, diversificando la matriz portuaria del Caribe.
Sin embargo, los terrenos y bienes de uso público quedaron en estado de latencia contractual durante 10 años. Según la resolución de la ANI, la falta de ejecución generó “perjuicios graves para la Nación y pérdida de eficiencia en el uso de los bienes marítimos”. La sanción impuesta asciende a USD 13.485.257, acompañada de una inhabilidad por cinco años para contratar con entidades estatales, conforme al artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la entidad, señaló que la medida busca “romper el ciclo de concesiones improductivas que bloquean el desarrollo portuario del país”. Agregó, además, que la ANI “abrirá una nueva convocatoria para garantizar que el espacio se utilice con criterios de eficiencia económica y beneficio público”.
En el plano local, la decisión genera tanto alivio como expectativa. Para analistas, la caducidad representa una oportunidad de reorientar la inversión portuaria hacia modelos de uso mixto y mayor trazabilidad ambiental, evitando la concentración de activos improductivos.
La analista Norma Vera Salazar calificó el desenlace como un mensaje claro a los concesionarios del país: “durante diez años no hubo inversión ni beneficios para la ciudad. Las concesiones deben generar desarrollo, no acumular privilegios. El mar es un activo público, no una renta privada”.
De fondo, el caso Las Américas deja al descubierto la fragilidad del régimen de concesiones portuarias frente a la inacción empresarial. En el corto plazo, la ANI proyecta revisar contratos similares en el litoral Caribe y acelerar la recuperación de áreas concesionadas sin uso, con el fin de atraer inversión productiva y garantizar la continuidad de los corredores logísticos nacionales.
