La denuncia fue hecha por la senadora por el partido Centro Democrático Paloma Valencia, quien dejó claro que este tipo de preguntas no pueden estar contenidas en un formulario de actualización de datos, pues, gozan de protección especial por la ley.
Son muchas las voces que han denunciado públicamente que fueron sacados de los cargos que ocupaban en ministerios e instituciones del Gobierno Nacional por no identificarse política e ideológicamente con el presidente Gustavo Petro.
La exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, dijo en reciente entrevista con Caracol Radio que varios de sus colaboradores en esa cartera habían sido despedidos porque en esa institución consideraban que eran cercanos a ella y podrían convertirse en piedras en el zapato de la nueva jefa de esa cartera, Jhenifer Mojica.
Un reportaje de la Revista Semana, publicado el pasado domingo 24 de septiembre, deja en evidencia cómo Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar, dio la orden clara y concreta de sacar de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor) a todos funcionarios que consideraba eran parte del uribismo y contratar a los que él designaba.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), la senadora por el Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció que en varios formularios de un sondeo se les está preguntando a los empleados por datos sensibles que podrían determinar su permanencia en el puesto.
“MinJustica está pidiendo a sus contratistas que den información sobre su filiación política. ¿Será que está buscando sacar a los contratistas que tengan orientación política diferente a la del Gobierno? La Secretaría General del MinJusticia estaría enviando a sus contratistas un correo con el link de una encuesta que deben diligenciar a más tardar el 17 de agosto de 2023”, arranca diciendo la congresista en un extenso hilo.
Más adelante, da a conocer que el formulario incluye elementos que podrían ser sospechosos en un procedimiento de actualización de datos, pues, como anotamos, se han denunciado casos donde los funcionarios y contratistas son despedidos por no identificarse políticamente con el gobierno de turno.
“La encuesta solicita a los contratistas del MinJusticia que actualicen sus datos. Sin embargo, incluye preguntas que no tienen relación con sus funciones laborales. Uno de los datos que se pide a los contratistas de MinJusticia es su FILIACIÓN POLÍTICA. ¿Cuál es la finalidad de esta pregunta?”,
Finalmente, advierte que este tipo de prácticas van en contra de lo establecido por las leyes que protegen los datos personales en Colombia. “Pedir la filiación política de sus contratistas implica que el MinJusticia está exigiendo información sensible que afecta la intimidad. No tienen derecho a solicitarla y el propósito resulta cuestionable e incluso ilegal”, puntualizó Paloma Valencia.
