El escándalo de la funcionaria del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, no se esclarece. María Fernanda Cabal exige respuestas e interpone tutela que tampoco ha sido respondida por el DAPRE.
La precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que interpuso acción de tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, tras denunciar que no ha recibido respuesta a una solicitud formal de información presentada el pasado 15 de julio de 2025, relativa al presunto uso indebido de aeronaves oficiales por parte de Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior.
A través de un mensaje publicado en la red social X la senadora afirmó que las entidades estatales incumplieron los plazos legales establecidos para responder peticiones ciudadanas, vulnerando así su derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, así como su derecho a la oposición e independencia política como congresista.
«He interpuesto acción de tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Ministerio del Interior por la violación de mi derecho fundamental de petición y el derecho a la oposición e independencia política», escribió Cabal en su trino, que ya ha sido ampliamente compartido en redes sociales.
Según detalló la congresista, el 15 de julio de 2025 solicitó información específica sobre los vuelos realizados en aeronaves oficiales y el posible uso irregular de estos recursos por parte de Juliana Guerrero. Hasta la fecha de publicación de su denuncia, asegura no haber recibido “respuesta de fondo”, lo que considera un incumplimiento flagrante de las normas establecidas en la Ley 5 de 1992 y la Ley 1909 de 2019, que estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para que las entidades estatales respondan a solicitudes de información.
La tutela, mecanismo constitucional diseñado para proteger derechos fundamentales, busca que un juez ordene a las entidades demandadas dar cumplimiento inmediato a la solicitud de información, bajo el argumento de que el silencio administrativo constituye una forma de negación del derecho a acceder a datos públicos.
¿Quién es Juliana Guerrero?
Juliana Guerrero ha sido una figura recurrente en la administración del presidente Gustavo Petro ocupando cargos de confianza en el Ministerio del Interior. Ha estado en el centro de polémicas relacionadas con viajes oficiales, especialmente por supuestos desplazamientos en aviones presidenciales sin justificación técnica clara. Estas acusaciones han sido rechazadas por el gobierno, que sostiene que todos los desplazamientos se ajustan a protocolos institucionales.
Reacción del Gobierno
Hasta el momento, ni el Departamento Administrativo de la Presidencia ni el Ministerio del Interior han emitido un pronunciamiento oficial sobre la tutela interpuesta por la senadora Cabal.
Fuentes cercanas al gobierno indicaron que se están “revisando los canales de comunicación” para determinar si hubo fallas en el sistema de respuestas a peticiones, aunque no confirmaron si se presentó alguna respuesta formal a la solicitud de julio.
Un precedente político
Este caso no es aislado. En los últimos años, varios congresistas de oposición han denunciado reiteradamente demoras o silencios administrativos por parte del Ejecutivo al responder solicitudes de información, especialmente en temas sensibles como viajes oficiales, contratación pública y designaciones políticas.
La senadora Cabal, conocida por su postura crítica frente al gobierno actual, ha utilizado en múltiples ocasiones herramientas legales como la tutela para exigir rendición de cuentas. En este caso, su acción podría sentar un precedente sobre el acceso a la información en contextos de tensión entre poderes.
¿Qué sigue?
La tutela será radicada ante un juez de primera instancia, quien tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, dada la urgencia del caso. Si el juez encuentra que efectivamente se vulneró el derecho de petición, podría ordenar a las entidades estatales entregar la información solicitada en un término perentorio, además de imponer medidas correctivas.
Mientras tanto, la líder opositora ha advertido que seguirá ejerciendo su derecho de control político “sin ceder ante la opacidad del gobierno”.
