La senadora advirtió sobre las posibles consecuencias del Acuerdo de Escazú, señalando que la ratificación del tratado podría facilitar la intervención de ONG y actores externos en los asuntos internos de Colombia, creando un ambiente de incertidumbre jurídica que afectaría sectores clave como la minería y la agricultura.
A propósito de la declaración de constitucionalidad del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional, la congresista María Fernanda Cabal recordó en redes sociales sus reparos a este tratado.
La senadora, conocida por su firme oposición a políticas que considera una amenaza a la soberanía nacional, desglosó su preocupación sobre las implicaciones del tratado en Colombia, señalando que podría agravar los conflictos en las zonas rurales y obstaculizar el desarrollo del país.
El Acuerdo de Escazú: una mirada crítica
El Acuerdo de Escazú, formalmente conocido como «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe», fue adoptado en 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Es el primer tratado en el mundo que une la dimensión ambiental con los derechos humanos, consolidando la participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia ambiental como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible.
Cabal destacó que, aunque el tratado busca reforzar derechos ya reconocidos, estos principios no son novedosos en Colombia. Según la senadora, la legislación colombiana ya incorpora estos derechos en su marco jurídico, incluyendo la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ejemplos de ello son sentencias como la T-348 de 2012, que establece el medio ambiente como un bien jurídico protegido, y la T-660 de 2015, que refuerza el derecho a la participación en el diseño y ejecución de proyectos de gran envergadura.
Según la dirigente política, lo que realmente preocupa es que la ratificación de este tratado expondría a Colombia a la jurisdicción internacional, lo cual podría implicar una pérdida significativa de soberanía.
Implicaciones de la jurisdicción internacional
Uno de los puntos más álgidos en la crítica de Cabal es la activación de la jurisdicción internacional que, según ella, sería una consecuencia directa del Acuerdo de Escazú. Al tratarse de un tratado de derechos humanos, cualquier acción que se considere lesiva para el medio ambiente podría ser llevada ante tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La senadora advierte sobre el riesgo de que decisiones cruciales para el desarrollo de Colombia terminen siendo tomadas por estos organismos internacionales, citando como ejemplo la pérdida del área marítima alrededor de San Andrés en un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Esta situación, en su opinión, podría repetirse en el contexto del Acuerdo de Escazú, afectando la capacidad del país para decidir sobre proyectos de desarrollo que podrían ser considerados como potenciales amenazas al medio ambiente.
El temor a la intervención de ONG y actores externos
Cabal también denuncia la posibilidad de que el Acuerdo de Escazú abra la puerta a la intervención de ONG y otros actores globales en los asuntos internos de Colombia. Según la senadora, las disposiciones del tratado permitirían que cualquier persona, incluso fuera de las fronteras nacionales, pueda interponer demandas basadas en la supuesta afectación al medio ambiente. Este escenario, de acuerdo con Cabal, podría ralentizar la economía y crear un ambiente de incertidumbre jurídica que afectaría a sectores clave como la minería, la agricultura y la construcción.
La senadora respalda sus afirmaciones citando el caso de Perú, donde los gobernadores indígenas de la Amazonía lograron detener la ratificación del tratado debido a preocupaciones similares. Además, menciona al abogado paraguayo Vítor Pabón, quien advirtió sobre la violación de principios constitucionales en su país si el acuerdo fuese ratificado, poniendo en riesgo la propiedad privada y la autoridad nacional.
La soberanía en juego
Para María Fernanda Cabal, el Acuerdo de Escazú representa una amenaza directa a la soberanía colombiana, ya que, según su interpretación, cede la capacidad de decisión sobre el desarrollo nacional a instancias internacionales y actores externos. La senadora es enfática al señalar que este tratado podría someter al país a una «telaraña globalista» que limita su autonomía en la gestión de su territorio y sus recursos naturales.
En su video, Cabal hace un llamado a la reflexión, instando a los colombianos a considerar las implicaciones de ratificar el Acuerdo de Escazú. Para ella, este tratado no es más que una extensión de agendas ambientalistas extremistas que buscan frenar el desarrollo económico bajo el pretexto de la protección ambiental.
