La líder opositora asegura que estos bloqueos afectan derechos fundamentales al interrumpir la circulación de mercancías y servicios esenciales, con repercusiones económicas y de movilidad. También solicitó medidas de protección para su seguridad personal en el ejercicio de su función política.
Desde el pasado 28 de octubre, la vía Buga-Buenaventura, una de las rutas comerciales más importantes de Colombia que conecta el interior del país con el puerto de Buenaventura, ha permanecido bloqueada por miembros de la comunidad indígena Nasa Embera Chamí del cabildo La Delfina.
Esta protesta ha generado serias afectaciones al tráfico vehicular, así como al transporte de mercancías, productos de primera necesidad y suministros médicos. En respuesta, la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación solicitando una investigación a los responsables del bloqueo, al que considera un acto ilegal que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los bloqueos en la vía Buga-Buenaventura iniciaron tras una serie de demandas presentadas por la comunidad indígena Nasa Embera Chamí, quienes acusan al Gobierno Nacional de incumplir los acuerdos previamente pactados.
Según el comunicado oficial emitido por el cabildo de La Delfina, la protesta surge como resultado de lo que consideran falta de disposición de las entidades gubernamentales para atender sus solicitudes de manera adecuada.
En su declaración, el cabildo expresa: “Nos declaramos en minga permanente a causa del incumplimiento y no disposición para dialogar de gobierno a gobierno por parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales, como la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Igualdad, la Unidad para las Víctimas, y la Defensoría del Pueblo».
Asimismo, destacan la ausencia de apoyo de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Esta serie de incumplimientos, según el comunicado, motivó el cierre de la vía como medida de presión para obtener una respuesta y una solución concreta.
Reacción de la senadora María Fernanda Cabal
Ante la situación de bloqueo y sus consecuencias en la región, la senadora Cabal decidió intervenir mediante una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. A través de sus redes sociales, la congresista informó sobre esta acción legal y expresó su preocupación por las afectaciones que los bloqueos están generando en el comercio, la movilidad y el suministro de insumos médicos.
“He radicado denuncia ante la Fiscal General para que investigue a los responsables de bloqueos ilegales en la vía Buga-Buenaventura, que están afectando derechos fundamentales al impactar en la cadena de suministros para el sector salud, comercio y transporte”, señaló la congresista.
En el documento de denuncia, la senadora solicita que se investiguen posibles delitos de perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial, así como la obstrucción de vías públicas que afectan el orden público. Estos delitos, tipificados en la legislación colombiana, contemplan sanciones a quienes de manera intencional bloqueen vías de alta circulación y provoquen perjuicios económicos y sociales a la comunidad.
Consecuencias económicas y sociales
La vía Buga-Buenaventura es fundamental para la economía colombiana, ya que conecta el puerto de Buenaventura, uno de los más importantes del país, con las principales ciudades del interior. Su cierre prolongado ha ocasionado retrasos en el transporte de mercancías y ha generado importantes pérdidas económicas para diversos sectores productivos, incluyendo el sector salud, que depende de la rápida distribución de insumos. Las pérdidas para las empresas y los transportadores ya comienzan a sentirse, afectando no solo a la economía de la región, sino también a la del país en su conjunto.
La senadora Cabal enfatizó en su denuncia que el bloqueo de esta vía representa una violación al derecho a la libre locomoción y a la actividad comercial, elementos esenciales para la estabilidad económica del país.
«El comercio y la libre locomoción están siendo gravemente afectados, y esto no solo perjudica a las empresas, sino que impacta directamente a la ciudadanía en general, que depende de estos bienes y servicios», añadió la congresista en su declaración.
Solicitud de garantías de seguridad
Dentro del documento de denuncia presentado ante la Fiscalía, la líder opositora también solicitó garantías para su seguridad personal y su ejercicio político. La senadora subrayó que, como miembro de la oposición, enfrenta un contexto de creciente polarización y, en su rol como defensora de los derechos de los ciudadanos, ha recibido amenazas a su integridad.
En su petición, expresó: “Señora Fiscal, como ciudadana y Senadora de la oposición, ya que pertenezco al partido Centro Democrático, acudo a su despacho para que se me brinden las garantías suficientes para la protección de mi vida e integridad personal y el poder realizar mi ejercicio político”.
Esta solicitud se da en un contexto donde la situación de orden público y la seguridad de los líderes políticos se han convertido en temas de gran preocupación en Colombia. En las últimas semanas, varios líderes de oposición han denunciado amenazas en su contra, lo que ha intensificado el debate sobre la protección y el derecho de los políticos a desempeñar su labor sin represalias.
La complejidad de los bloqueos
Este tipo de bloqueos protagonizados por comunidades indígenas no es un fenómeno nuevo en Colombia. A lo largo de los últimos años, diversos grupos han recurrido a esta medida como forma de presión para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos con el gobierno en áreas como la restitución de tierras, la atención en salud, la educación y los derechos territoriales. Sin embargo, estos cierres de vías suelen desencadenar tensiones en la región y provocar enfrentamientos con las autoridades, además de desencadenar afectaciones económicas.
