La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicó un ambicioso proyecto de ley dirigido a proteger los derechos de los llamados “segundos ocupantes”, millas de familias campesinas que hoy enfrentan incertidumbre y riesgo de desalojo en procesos de restitución de tierras víctimas del despojo o abandono forzado durante el conflicto armado.
La iniciativa, presentada ante el Congreso de la República, busca modificar la Ley 1448 de 2011 conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el fin de cerrar un vacío legal.
¿Quiénes son los “segundos ocupantes”?
El término “segundo ocupante” hace referencia a personas que, por necesidad, compraron, heredaron o se asentaron en predios rurales que habían sido comprados, heredaron o se asentaron en predios rurales que habían sido abandonados o despojados durante el conflicto armado. Estas personas no tuvieron ninguna participación directa ni indirecta en el despojo y en muchos casos adquirieron los terrenos de buena fe, con sus ahorros, sin conocimiento de su origen.
Según la Corte Constitucional, muchos de estos campesinos provienen de estratos bajos, viven en condiciones de pobreza y dependen económicamente del predio para su subsistencia.
Sin embargo, cuando se inicia un proceso de restitución a favor de la víctima original del despojo, los segundos ocupantes quedan expuestos a desalojos forzosos sin garantías, ni alternativas habitacionales ni compensaciones justas, lo que genera nuevas situaciones de victimización.
Un vacío legal de 11 años
“En 11 años de aplicación de la Ley de Víctimas, el Congreso no había llenado el vacío legal que deja por fuera a campesinos vulnerables, muchos de ellos también víctimas, que viven bajo la amenaza de perder su techo y su sustento sin una alternativa real. Este proyecto busca corregir esa injusticia y garantizar que la restitución de tierras sea sinónimo de reconciliación y no de nuevos conflictos”, afirmó Cabal.
El proyecto propone un enfoque de “acción sin daño”, que obligará a jueces y autoridades administrativas a considerar, al momento de ordenar una restitución, las condiciones de vida de los segundos ocupantes. Entre las medidas clave se incluyen:
- Evaluar las condiciones de vida y dependencia económica del segundo ocupante.
- Garantizar que no quede en situación de desamparo o desplazamiento forzado.
- Promover mecanismos de diálogo y mediación entre el titular restituido y el segundo ocupante.
- Establecer alternativas habitacionales o productivas cuando sea necesario.
«En 11 años de aplicación de la Ley de Víctimas, el Congreso no había llenado el vacío legal que deja por fuera a campesinos vulnerables, muchos de ellos también víctimas, que viven bajo la amenaza de perder su techo y su sustento sin una alternativa real. Este proyecto busca corregir esa injusticia y garantizar que la restitución de tierras sea sinónimo de reconciliación y no de nuevos conflictos», afirmó Cabal.
La iniciativa se basa en múltiples sentencias de la Corte Constitucional, así como en recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación y de organizaciones nacionales e internacionales. “Restituir tierras sí, pero sin crear nuevas víctimas en el camino”, concluyó la senadora.
Este proyecto refleja una visión coherente de justicia: eficiente, equitativa y humana. Mientras protege a los más vulnerables en uno de los procesos más sensibles del posconflicto: la devolución de tierras, en un contexto de precampaña presidencial, estas iniciativas fortalecen el perfil de María Fernanda Cabal como una líder que apuesta por un Estado de derecho fuerte, pero también sensible a las realidades concretas de millones de colombianos.
Próximos pasos
El proyecto ya fue radicado en el Congreso y entrará a trámite en las comisiones legislativas correspondientes. Aunque temas como la restitución de tierras son altamente polarizados, la claridad y fundamentación técnica de las propuestas podrían abrir espacios para diálogos transversales en busca de soluciones justas y sostenibles.
Con este tipo de iniciativas, María Fernanda Cabal pone sobre la mesa uno de los desafíos más urgentes del posconflicto: la necesidad de una justicia oportuna y la exigencia de una paz que no deje más víctimas en el camino. No se trata de desmantelar los mecanismos de justicia transicional, sino de perfeccionarlos con equidad, celeridad y humanidad.
