La senadora María Fernanda Cabal radica proyecto de ley para la protección de los comparecientes y la vez garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener reparación.
La aspirante a la presidencia, María Fernanda Cabal radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se modifica el artículo 49 de la Ley 1922 de 2018, que establece las reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, con el objetivo de establecer plazos claros para la toma de decisiones y garantizar un trato justo y equitativo para todos los comparecientes, sin distinción de origen o condición.
La iniciativa, presentada ante el Congreso de la República, propone modificar el artículo 49 de la Ley 1922 de 2018, norma que regula el procedimiento de la JEP, específicamente en lo relacionado con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ).
El centro del proyecto es introducir límites de tiempo para que la JEP resuelva solicitudes de “renuncia a la persecución penal” —una figura que exime de procesos judiciales a quienes cumplen con los requisitos del Acuerdo de Paz— y para notificar dichas decisiones a las autoridades competentes.
Según el texto del proyecto, la JEP tendría un máximo de 45 días hábiles para emitir una resolución sobre estas solicitudes. Una vez tomada la decisión, dispondría de 15 días hábiles adicionales para comunicarla a las entidades correspondientes. Estos plazos también se aplicarían en casos en los que la JEP decida no seleccionar una investigación.
Una urgencia por la incertidumbre jurídica
La senadora Cabal destacó que su propuesta responde a una grave crisis de inseguridad jurídica, actualmente más de 14.000 personas guardan respuesta sobre su situación dentro del sistema de justicia transicional. Esta demora no solo afecta a los comparecientes, sino que también entorpece el derecho de las víctimas a acceder a la verdad, la justicia y la reparación.
Cuando la JEP se demora años en decidir, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica de todos los involucrados. Este proyecto busca que la justicia no sea solo para unos pocos, sino que todos, sin excepción, tengan un trato justo y oportuno, afirmó Cabal durante la radicación del proyecto.
Igualdad de condiciones: excombatientes, militares y civiles
Uno de los pilares del proyecto es el principio de igualdad. Cabal insistió en que los plazos deben aplicarse sin distinción para excombatientes de grupos armados, miembros de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y civiles vinculados al conflicto. Todos deben someterse a las mismas reglas, con los mismos tiempos y las mismas exigencias.
La senadora ha sido una crítica constante de lo que considera asimetrías en el sistema de justicia transicional, especialmente a favor de exmiembros de las FARC, mientras que agentes del Estado enfrentan procesos más largos y restrictivos. Este proyecto refuerza su línea de defensa de las instituciones y de la necesidad de un Estado de derecho firme y equilibrado.
Un paso clave en su agenda política
Este nuevo impulso legislativo llega en un momento estratégico, en medio del crecimiento de su perfil nacional como precandidata presidencial. Con iniciativas como ésta, Cabal busca consolidar su imagen como una defensora de la transparencia, la eficiencia institucional y la justicia sin privilegios.
Pese al respaldo inicial de sectores conservadores y de organizaciones militares, el proyecto enfrentará un debate complejo en el Congreso. La JEP es un mecanismo establecido en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC y cualquier modificación genera tensiones entre quienes defienden su autonomía y quienes exigen mayor control y celeridad.
No obstante, la presentación de plazos razonables y medibles podría abrir espacio para un consenso técnico, incluso entre fuerzas políticas distintas, en aras de fortalecer la credibilidad del sistema de justicia transicional.
El proyecto de ley radicado por María Fernanda Cabal no solo busca corregir una falla operativa en la JEP, sino también reforzar el principio de igualdad ante la ley en uno de los escenarios más sensibles del posconflicto. En un contexto de polarización y desconfianza, su propuesta pone sobre la mesa una necesidad ampliamente reconocida: que la justicia, en materia de paz, también sea oportuna.
