La líder opositora cuestionó la asistencia de tres ministros del Gobierno Petro a la cumbre del Pacto Histórico, al considerar que su participación podría infringir las normas que rigen la neutralidad política de los funcionarios públicos.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la participación de los ministros de Educación, Salud y Minas y Energía en la reciente Cumbre del Pacto Histórico, realizada el pasado 17 de diciembre en el Hotel Tequendama de Bogotá.
Según la líder opositora, esta actuación podría constituir una violación a la Constitución y la Ley, al considerar que los altos funcionarios del Gobierno estarían incurriendo en participación política de manera irregular.
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“El ‘Pacto Histórico’ no está por encima de la Constitución y la Ley. Como lo anuncié, presenté queja formal ante la Procuraduría para que se investigue la participación de los ministros en este evento. Se debe determinar si hubo participación política por parte de estos funcionarios que solo están facultados para hacer lo que la Constitución y la Ley les permite”, declaró la congresista en sus redes sociales.
La Cumbre del Pacto Histórico, que reunió a representantes de los movimientos políticos de la coalición oficialista, tuvo como eje central la decisión de unificar fuerzas entre Colombia Humana, el Polo Democrático, Unión Patriótica, el Partido Comunista y el movimiento Progresistas. Este anuncio busca consolidar una estructura política unificada que les permita fortalecer su presencia de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, así como respaldar las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
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La cumbre
Durante la cumbre, los líderes del Pacto Histórico explicaron los pasos a seguir para formalizar la creación del partido unificado. Entre las acciones destacadas está la solicitud de personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso clave para operar como una fuerza política consolidada. Además, se acordó presentar una lista cerrada y paritaria al Senado de la República en 2026, junto con treinta y cuatro listas a la Cámara de Representantes que incluirán representación para todos los departamentos, el Distrito Capital y la circunscripción internacional.
“Se acordó iniciar la creación formal y legal del movimiento bajo un acuerdo programático y electoral”, señalaron los voceros del Pacto Histórico, quienes también destacaron el compromiso con la paridad de género y la inclusión como pilares fundamentales de su estrategia política.
Además, se anunció que la elección de la fórmula presidencial del Pacto Histórico se realizará mediante un proceso democrático que garantice la participación de todos los integrantes de la coalición.
Críticas de la oposición
La consolidación del Pacto Histórico y la participación de funcionarios del Gobierno en el evento generaron una fuerte reacción en sectores de la oposición. María Fernanda Cabal calificó la situación como preocupante y cuestionó la legitimidad de la presencia de los ministros, quienes, según ella, podrían haber transgredido sus funciones constitucionales al involucrarse en un acto con tintes partidistas.
“Es fundamental que la Procuraduría determine si los ministros violaron los principios de imparcialidad y neutralidad que deben regir su actuación. Los funcionarios públicos no pueden participar en actividades políticas bajo la sombrilla de sus cargos”, afirmó Cabal. La senadora también advirtió que este tipo de prácticas representan un precedente peligroso para la democracia y el Estado de derecho en Colombia.
Implicaciones jurídicas y políticas
La participación de altos funcionarios del Gobierno en eventos de carácter político puede constituir una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución. El artículo 127 establece que los servidores públicos no pueden utilizar su cargo para influir en procesos electorales o en favor de intereses partidistas.
Si la Procuraduría encuentra méritos en la denuncia presentada por Cabal, los ministros implicados podrían enfrentarse a sanciones disciplinarias que incluyen desde amonestaciones hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El llamado de María Fernanda Cabal a la Procuraduría pone sobre la mesa una discusión crucial sobre los límites de la participación de los funcionarios en actividades políticas. Este caso no solo pone en tela de juicio las actuaciones de los ministros involucrados, sino también la capacidad del Gobierno para mantener el equilibrio entre su agenda política y los principios democráticos.
