La congresista presentó una denuncia ante la fiscal general de la Nación por los recientes bloqueos en la Vía Panamericana, exigiendo la judicialización de los responsables de lo que califica como «bloqueos criminales» que afectan derechos fundamentales.
La senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha presentado una denuncia formal ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en respuesta a los recientes bloqueos en la Vía Panamericana, una de las arterias más cruciales del suroccidente colombiano.
Los hechos, que tuvieron lugar entre el 20 y 21 de agosto de 2024, protagonizados por líderes indígenas asociados a las Autoridades Indígenas del Suroccidente de Colombia (AISO), quienes interrumpieron el tránsito en el departamento del Cauca para exigir el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno nacional y la presencia del presidente Gustavo Petro en la región.
En su denuncia, Cabal argumenta que los bloqueos constituyen delitos de “perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial” y “obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”. La senadora, conocida por su firme oposición al gobierno de Petro, ha solicitado que se individualice y judicialice a los responsables de estas acciones, las cuales considera como «bloqueos criminales» que violan derechos fundamentales y sociales de los ciudadanos.
Impacto económico
La Vía Panamericana es una carretera vital que conecta el suroccidente colombiano con el resto del país, facilitando no solo el tránsito de personas sino también de bienes y servicios esenciales. Según datos del Consejo Gremial del Cauca, en lo que va del año 2024 se han registrado 38 bloqueos en esta vía, lo que representa un incremento del 186% en comparación con 2023. Estos bloqueos han tenido un impacto devastador en la economía de la región, afectando gravemente sectores como el transporte, el comercio y la industria.
Las pérdidas económicas resultantes de estos bloqueos son alarmantes. La senadora Cabal, en su denuncia, citó cifras que estiman que cada bloqueo genera pérdidas superiores a los 5000 millones de pesos en el sector de restaurantes de Popayán, una de las principales ciudades del Cauca. Además, otros sectores como la agricultura, el turismo y la manufactura también han sufrido gravemente, poniendo en riesgo miles de empleos y afectando el sustento de numerosas familias.
La judicialización como respuesta a la crisis
La acción legal emprendida por Cabal busca no solo identificar y castigar a los responsables de los bloqueos, sino también enviar un mensaje contundente sobre la intolerancia hacia estas prácticas que, según la senadora, «afectan los derechos individuales y colectivos de todos los colombianos». En su denuncia, la congresista subraya la importancia de que las autoridades regionales, especialmente en los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se pronuncien sobre las repercusiones que los bloqueos han tenido en sus respectivas jurisdicciones.
Cabal también ha solicitado que el Puesto de Mando Unificado (PMU), que fue activado en respuesta a la situación, remita las actas que documentan las decisiones y acciones tomadas durante los bloqueos. Esta petición apunta a asegurar mayor transparencia en el manejo de la crisis y a evaluar la efectividad de las medidas implementadas para restablecer el orden.
La senadora María Fernanda Cabal ha enfatizado la necesidad de abrir espacios donde los ciudadanos, empresarios y gremios afectados por los bloqueos puedan ser escuchados y atendidos como víctimas. Este llamado refleja su preocupación por las graves afectaciones que estas acciones han causado en la vida cotidiana de las comunidades del suroccidente colombiano.
En respuesta a los bloqueos, las fuerzas de seguridad de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), anteriormente conocida como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), procedieron al desalojo de los manifestantes que estaban obstruyendo la carretera en el sector de El Túnel, Cajibío, durante la mañana del 21 de agosto. Sin embargo, las tensiones en la región siguen siendo altas, y el conflicto entre las comunidades indígenas y el gobierno central continúa siendo un tema de preocupación nacional.
