La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal pidió al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, activar mecanismos de cooperación judicial e inteligencia tras explosivas revelaciones sobre los computadores de alias Calarcá, que señalarían presuntos vínculos entre las FARC, la campaña Petro y altos funcionarios del gobierno.
La política colombiana entró en un nuevo estado de tensión tras la contundente solicitud de cooperación internacional que la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal elevó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. La petición, enviada en una carta oficial, busca activar mecanismos binacionales de investigación frente a lo que considera la “más grave infiltración criminal” en el Estado colombiano en décadas.
La bomba estalló luego de las revelaciones difundidas por Noticias Caracol sobre el contenido de los computadores de alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las FARC. De acuerdo con ese material, existirían comunicaciones directas entre estructuras armadas ilegales y actores políticos cercanos al presidente Gustavo Petro, además de menciones a la vicepresidenta Francia Márquez y a la supuesta participación de alias Iván Mordisco en temas económicos y políticos ligados a la campaña presidencial.
Según la información divulgada, Mordisco —designado como terrorista por el gobierno estadounidense— habría intervenido en gestiones clandestinas coordinadas con alias Mayimbú, hoy abatido, con el presunto fin de impulsar intereses políticos y facilitar recursos irregulares durante la contienda electoral. La gravedad se multiplica con las referencias a la vicepresidenta Márquez, mencionada en los intercambios contenidos en los dispositivos incautados.
Cabal habla de infiltración criminal
Para Cabal, los hallazgos no solo comprometen la seguridad nacional, sino que ponen en riesgo la estabilidad hemisférica. Su denuncia es clara: “La infiltración criminal en el aparato estatal no puede ser ignorada. Si existió participación de estructuras ilegales en la campaña presidencial, debe investigarse con urgencia y total transparencia”.
Pero sus advertencias van más allá. En su comunicación, la senadora alertó sobre presuntos pactos entre miembros del Ejército y las disidencias, así como la entrega de códigos radiales para evadir operaciones militares y la filtración de información sensible desde dentro del Estado. De confirmarse, estos hechos mostrarían una penetración profunda de la criminalidad en las instituciones que deberían combatirla.
Redes ilegales con tentáculos internacionales
La carta enviada a Marco Rubio también hace referencia a un entramado internacional de crimen organizado que involucraría al empresario chino Jixing Zhang, señalado en las investigaciones de estar vinculado al tráfico ilegal de armas y la compra de oro con fines de lavado internacional. La presencia de este tipo de actores, según Cabal, refuerza la necesidad de que Estados Unidos participe en las investigaciones, dada su jurisdicción y la designación de varios involucrados como terroristas.
Este nuevo paso de Cabal se suma a la denuncia formal que radicó recientemente ante la Comisión de Acusaciones contra Gustavo Petro, en la que solicita investigar presunta financiación ilegal y participación de estructuras armadas durante su campaña. La senadora sostiene que los hechos divulgados no pueden tratarse como simples escándalos políticos, sino como amenazas directas a la institucionalidad y a la soberanía colombiana.
“La seguridad hemisférica está en riesgo”
“La seguridad de Colombia y la de la región está en juego”, señala en la comunicación, advirtiendo que la connivencia entre actores estatales y grupos armados rompe cualquier frontera entre la política y el crimen. Cabal pidió a Rubio activar canales diplomáticos, judiciales y de inteligencia que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sin la interferencia —según ella— de instituciones capturadas o debilitadas por intereses políticos.
El llamado también pone bajo presión al gobierno Petro, que hasta el momento no ha entregado una respuesta de fondo sobre las revelaciones de los computadores de alias Calarcá. Para la senadora, el silencio oficial es tan grave como los hechos denunciados. “No podemos permitir que organizaciones terroristas influyan o condicionen gobiernos democráticos. Colombia no puede ser un Estado sometido al chantaje armado”, afirma.
