La senadora María Fernanda Cabal arremetió contra la UNP y el uso de recursos públicos para la protección de excombatientes, exigiendo acciones inmediatas para capturar a los disidentes con órdenes de captura.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) se encuentra en el ojo del huracán tras el descubrimiento de que sus vehículos fueron utilizados por criminales, un hecho que ha desatado una tormenta política y ha puesto en el centro del debate la herencia del Acuerdo de Paz y la gestión de la UNP.
En la mañana del 23 de julio, una comitiva de vehículos de la UNP fue detenida por el Ejército Nacional en la vía Medellín-Anorí. Las autoridades descubrieron que en estos carros se movilizaban cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, incluyendo a alias Calarcá.
Inicialmente, se afirmó que solo se trataba de disidentes que participaban en el quinto ciclo de diálogo con el Estado. Sin embargo, minutos más tarde se informó que también estaba presente Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, quien aún tiene una orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte de seis militares en Valdivia, Antioquia, el pasado 5 de julio.
La respuesta de la UNP
La detención de estos individuos generó una situación tensa que se prolongó durante cuatro horas, con el peligro inminente de un enfrentamiento, dada la presencia del Clan del Golfo en la zona. Finalmente, y tras la emisión de una orden de cateo por parte de la Fiscalía General de la Nación, los disidentes aceptaron la inspección de los vehículos, siendo trasladados al Batallón Pedro Nel Ospina en Bello.
En respuesta a las críticas, la UNP emitió un comunicado en la red social X, donde reafirmó que está prohibido movilizar a personas con orden de captura en sus vehículos y que solo la persona protegida debe ser trasladada en estos vehículos, sin importar cualquier tipo de justificación. «Los vehículos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, solo deben ser conducidos por el personal autorizado por la entidad. Las personas de protección de cada esquema son responsables del ingreso y porte de armas distintas a la dotación…», se lee en el comunicado.
La crítica de la senadora Cabal
Una de las críticas más vehementes provino de la senadora María Fernanda Cabal, quien expresó su indignación en redes sociales. En una serie de trinos, Cabal destacó la gravedad de la situación y criticó duramente la herencia del Acuerdo de Paz y la gestión de la UNP bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.
«Nuevamente vehículos de la Unidad Nacional de Protección usados por criminales. La herencia de Santos al entregar instituciones a las ‘exFarc’. ¿No que las FARC estaban divididas?», señaló Cabal, cuestionando la veracidad de la separación de las FARC y sus disidencias.
En otro trino, la senadora reveló cifras preocupantes: «La UNP tendría por lo menos 713 miembros de las ‘exFarc’ como agentes escoltas y más de 818 vehículos blindados para los que firmaron el acuerdo del 2026. Aquí se van los impuestos de los colombianos. No hay derecho». Estas declaraciones ponen en evidencia la magnitud del problema y la desconfianza hacia la gestión de recursos públicos.
Finalmente, Cabal fue enfática en su llamado a la acción: «Si hay guerrilleros de las FARC con órdenes de captura, como se está afirmando, no debe haber comisiones de la ONU sino agentes que les den captura para que respondan por sus crímenes. Este es sin duda el escándalo de la semana. ¡Qué vergüenza!».
Implicaciones y futuro de la UNP
Este incidente no solo pone en tela de juicio la seguridad y transparencia de la UNP, sino que también reaviva el debate sobre la implementación del Acuerdo de Paz y el manejo de los excombatientes.
La senadora Cabal ha dejado claro que este es un escándalo que no puede ser ignorado y que requiere acciones contundentes. Su llamado a la captura inmediata de aquellos con órdenes de aprehensión refleja un sentimiento generalizado de frustración y descontento con la manera en que se están gestionando los recursos del Estado y la seguridad de los ciudadanos.
