La líder de la oposición y precandidata presidencial denunció que el país está dominado por el crimen organizado y el narcotráfico, acusando a Petro de mentir sobre la verdadera dimensión del problema. La confrontación se intensifica en medio de informes de la Defensoría del Pueblo que advierten sobre la expansión de los grupos armados ilegales y el deterioro de la seguridad en varias regiones del país.
En una nueva arremetida contra el gobierno de Gustavo Petro, la senadora María Fernanda Cabal denunció lo que considera una «gran mentira» del presidente: la negación de que el país esté en una crisis de seguridad sin precedentes.
A través de sus redes sociales, la congresista señaló que «el país está incendiado, en manos de los terroristas de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo», y acusó al mandatario de minimizar la situación al tiempo que su gobierno enfrenta escándalos de corrupción.
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1894453837605286335
La afirmación de Cabal encuentra respaldo en el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo, que alerta sobre once focos de emergencia humanitaria en el país, afectando de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas.
«El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales», afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Uno de los ejemplos más críticos se presenta en Chocó, donde enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han provocado el confinamiento de comunidades, la instalación de minas antipersona y un paro armado que paraliza la región. A pesar de esta situación, el gobierno insiste en que la seguridad ha mejorado en comparación con administraciones anteriores.
Petro insiste en que no hay crisis de seguridad
En respuesta a las críticas, el presidente Petro calificó como «falacia» las afirmaciones del Consejo Gremial Empresarial, que también alertó sobre la creciente violencia en Colombia. «Tenemos sí, focos regionales de violencia, pero que nadie olvide esto: la tasa de homicidios de Colombia en este gobierno es menor que la de Duque y la de Uribe», escribió el mandatario en su cuenta de X, insistiendo en que su gobierno está logrando avances en seguridad.
Sin embargo, la realidad territorial parece contradecir al jefe de Estado. La Defensoría del Pueblo advirtió que el 73% de los municipios colombianos están bajo la influencia de grupos armados ilegales y que su expansión ha sido constante en los últimos cinco años. Además, señaló que la presencia del Estado en las regiones más golpeadas es insuficiente para contener la crisis humanitaria en aumento.
El 74% del país está en manos del terrorismo
Otro de los puntos más controversiales en la discusión sobre la seguridad es el control territorial de los grupos criminales. La senadora Cabal publicó un mapa oficial que, según ella, demuestra que «más del 74% del país está en manos del terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal».
Además, cuestionó la coherencia del gobierno al negar la magnitud del problema mientras decretó un estado de excepción en el Catatumbo, una región donde la violencia ha obligado al desplazamiento de miles de personas en las últimas semanas.
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1894715955713839560
El informe de la Defensoría también advierte sobre la expansión de las disidencias de las FARC, ahora al mando de alias «Mordisco» y «Calarcá Córdoba», quienes han reforzado su presencia en regiones como Nariño, Cauca y el Pacífico Vallecaucano.
La creciente actividad de estos grupos ha generado nuevas crisis humanitarias, como la que actualmente afecta al pueblo Wounaan en Chocó, donde al menos 1600 personas han sido desplazadas o confinadas.
Debate sobre la política de «paz total»
Las críticas de Cabal se alinean con la postura de quienes cuestionan la política de «paz total» impulsada por el gobierno Petro, que busca negociaciones con grupos armados ilegales como el ELN. Sin embargo, la violencia en las regiones ha aumentado y los grupos continúan su expansión territorial sin que los acuerdos de cese al fuego se traduzcan en una mejora real para las comunidades afectadas.
Para la Defensoría, la respuesta del Estado debe ser inmediata y contundente. En su informe, instó a las autoridades nacionales a priorizar la protección de las comunidades en riesgo y a la comunidad internacional a seguir apoyando iniciativas humanitarias.
«La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de derecho en los territorios», enfatizó la defensora Marín Ortiz.
Un gobierno que minimiza la crisis
Mientras la senadora Cabal insiste en la gravedad de la crisis de seguridad y acusa al presidente de «simplemente mentir», el gobierno se mantiene firme en su narrativa de que la situación no es tan crítica como se quiere hacer ver.
Sin embargo, los informes independientes, las denuncias de comunidades y las propias decisiones del Ejecutivo, como la declaración del estado de excepción en Catatumbo, revelan que la realidad en los territorios dista mucho del discurso oficial.
