La senadora inició acciones legales contra la Directiva 001 de 2024. Afirmó que la fiscal general Luz Adriana Camargo está alterando el marco normativo sin contar con la competencia para hacerlo.
En una nueva acción que reafirma su postura crítica hacia las políticas del actual gobierno y el manejo de la seguridad en Colombia, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Directiva 001 de 2024, emitida por la Fiscalía General de la Nación.
Esta directriz, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, establece nuevos lineamientos sobre la intervención de las autoridades en las protestas sociales, algo que para Cabal representa un peligroso debilitamiento del Estado frente a actos de violencia en el marco de las manifestaciones.
La congresista, una de las figuras más destacadas de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, anunció la demanda en sus redes sociales el martes 17 de septiembre, luego de haber advertido públicamente un día antes que recurriría a la vía legal para frenar la implementación de esta normativa.
En su pronunciamiento, la líder opositora calificó la directiva como “abiertamente inconstitucional” y afirmó que afecta la interpretación del Código Penal, impidiendo que el Estado actúe de manera contundente ante actos vandálicos y desórdenes que, según ella, se disfrazan bajo el derecho a la protesta pacífica.
El origen de la polémica: la Directiva 001 de la Fiscalía
La Directiva 001 de 2024 en apariencia busca establecer criterios claros para que las investigaciones y actuaciones de la Fiscalía en el contexto de las protestas sociales se alineen con la garantía del derecho a la manifestación pacífica, un derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia.
No obstante, Cabal ha sido enfática en señalar que esta distinción es problemática, ya que, según su interpretación, la directiva introduce una serie de limitaciones que obstaculizan la actuación de las autoridades frente a aquellos que, bajo el amparo de una manifestación, cometen delitos como la destrucción de bienes públicos y privados, las agresiones contra la fuerza pública y los bloqueos de vías.
La senadora recordó los eventos del Paro Nacional de 2021, donde, en sus palabras, las protestas se convirtieron en una “toma guerrillera” que afectó gravemente al país. Durante esas jornadas, miles de personas participaron en protestas contra el gobierno, pero también se reportaron disturbios, ataques a la infraestructura y bloqueos de vías que resultaron en graves consecuencias para la seguridad y el orden público.
Cabal destacó en su demanda casos específicos de violaciones a la ley, como la muerte de una menor de edad en una ambulancia bloqueada en la vía Cali-Buenaventura, un hecho que ha utilizado para subrayar la gravedad de no actuar contra los responsables de este tipo de acciones.
El argumento de Cabal: una directriz inconstitucional
Según la senadora, la Directiva 001 no solo contradice el Código Penal, sino que, además, constituye una usurpación de las funciones legislativas por parte de la Fiscalía General. Cabal sostiene que, al reinterpretar el Código Penal en el contexto de las protestas, la fiscal general Luz Adriana Camargo está alterando el marco normativo sin contar con la competencia para hacerlo, una situación que, en su opinión, podría llevar a una mayor impunidad frente a los delitos cometidos en manifestaciones violentas.
“La Constitución es clara en que se reconoce el derecho a manifestarse pública y pacíficamente, pero eso no puede ser interpretado como una carta blanca para tolerar la violencia que se deriva de esas manifestaciones”, afirmó la congresista en entrevistas recientes con medios de comunicación.
La líder opositora considera que la directiva, al suavizar los criterios para la imputación de delitos relacionados con desórdenes públicos, socava la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden.
Una demanda que busca sentar un precedente
La demanda de nulidad presentada por Cabal ante el Consejo de Estado es un movimiento que podría tener profundas repercusiones en la manera en que se regulan y tratan las manifestaciones sociales en Colombia.
La senadora ha insistido en que, si bien el derecho a la protesta es legítimo, no se puede permitir que esta sirva como cobertura para la comisión de delitos, especialmente aquellos que ponen en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos y los miembros de la fuerza pública.
En su demanda de más de 16 páginas, Cabal detalla una serie de incidentes ocurridos durante el Paro Nacional de 2021, incluyendo el caso de la menor fallecida en el bloqueo de la vía Cali-Buenaventura, para argumentar que la Directiva 001 impide una acción efectiva contra los responsables de tales hechos.
La congresista también subrayó que la directiva podría limitar la capacidad del Estado para sancionar actos como el irrespeto a los servidores públicos y las agresiones a la fuerza pública, lo que, a su juicio, pone en riesgo el orden institucional del país.
