Planean recaudar un billón de pesos en 90 días. Las cifras develadas recientemente por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dejan al descubierto la poca capacidad del Gobierno Nacional para ejecutar de manera efectiva los dineros del erario.
Los enfrentamientos que protagonizan las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo y que dejó en su pico más alto un centenar de muertos y 45.000 desplazados, motivó la expedición de un decreto de estado de conmoción interior para conjurar la crisis.
A la par con esa declaratoria, el Gobierno Nacional anunció la creación de tres nuevos impuestos con los que piensa recaudar un poco más de un billón de pesos en los 90 días que rige el estado de conmoción interior.
Esta situación, no ha pasado desapercibida para la precandidata presidencial y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, quien le auguro un futuro bastante incierto a los decretos que tendrán que ser examinados de manera automática por la Corte Constitucional.
“El decreto de Conmoción Interior del gobierno Petro y las medidas para más impuestos resultan tremendamente lejanas a la constitucionalidad exigida. Lo de Petro es revivir la fallida ley de financiamiento con la excusa de restablecer el orden en el Catatumbo. En todo caso los impuestos y el dinero no puede ser usado para nada diferente que superar la crisis provocada por el mismo gobierno”, posteó la precandidata presidencial en su cuenta en X.
La líder opositora, también se fue lanza en ristre contra los argumentos que le sirven de sustento a los impuestos que planea decretar el Ejecutivo con el objetivo de ‘conjurar’ la crisis en los municipios afectados por la confrontación subversiva.
“Lo que está pasando en Catatumbo fue advertido por la Defensoría del Pueblo en las alertas tempranas, por lo que no se trata de un hecho sobreviniente o impredecible. La Corte debe ponerle freno a esta nueva idea de Petro de gobernar por decreto de manera ocurrente”, comentó María Fernanda Cabal.
Petro insistirá en la Ley de Financiamiento
Sobre la constitucionalidad de estos tributos, las opiniones de los expertos están divididas, sin embargo, existe casi una idea generalizada de lo nocivo que resultaría para el sector empresarial en todas sus dimensiones la aprobación y puesta en marcha de una nueva Reforma Tributaria como anunció el ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara.
A esta crítica, pueden sumársele las más frecuentes del último trimestre de 2024: baja ejecución de muchos de sus Ministerios e instituciones del nivel central y, la falta de dinero para cumplir con las obligaciones adquiridas con contratistas y proveedores.
Es tan grave este tema, que hay quienes aseguran tener facturas de hasta ocho meses de retrasos, hecho que, según la Cámara Colombiana de Infraestructura, podría ocasionar una parálisis total en las obras públicas que están en marcha en el país. Justamente, la falta de ejecución y el déficit fiscal evidente fueron dos de los argumentos que dieron al traste con la Ley de Financiamiento presentada el año pasado.
A pesar de ese panorama poco alentador desde el punto de vista económico y el poco respaldo del que goza el gobierno en el Congreso, Diego Guevara aseguró en reciente entrevista que, por instrucción del presidente Petro, “quizás, avancemos en esa idea que nos ha tocado en todos los gobiernos de hacer una tributaria o una ley de financiamiento”.
Es claro que, dada la relevancia de estos asuntos y el impacto que puede tener en la sociedad en general, se espera una gran turbulencia política, quizá no tan intensa, pero sí más duradera que la provocada por la pelea Petro vs Trump.
Finalmente, mientras el gobierno nacional hace recortes a su presupuesto para ajustarse a las normas que regulan las finanzas públicas; anuncia la creación de impuestos para financiar la ‘recuperación’ del Catatumbo y revela su intención de una reforma tributaria, desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtieron que las cuentas no son tan alegres.
“El ajuste fiscal estimado en el escenario base no contempla todavía las presiones fiscales que pueden derivarse del incremento significativo en la reserva presupuestal de 2024. Estimaciones del CARF sugieren que la reserva presupuestal de 2024 se habría ubicado en cerca de COP 50 billones, lo que significa un aumento significativo frente al promedio de los últimos tres años (COP 24,5 billones). En ese sentido, el aumento en la reserva presupuestal significa un riesgo fiscal adicional equivalente a entre COP 18 y 25 billones en 2025”, puntualiza el documento.