El proyecto de ley en trámite le otorga a la entidad administrativa competencia para conocer y resolver de fondo el 38 % de las reclamaciones actualmente en trámite, situación que según la senadora por el Partido Centro Democrático podría derivar en abusos y atropellos contra propietarios de buena fe.
La líder de la oposición y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, ha puesto nuevamente de presente su preocupación respecto a la propuesta de otorgar facultades jurisdiccionales a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD).
Cabal, quien ha venido siguiendo el tema desde hace tiempo, advirtió en un duro pronunciamiento sobre los posibles riesgos para el debido proceso y las garantías de los propietarios rurales por cuenta de las decisiones que se tomen en ese sentido, sin intervención de la Rama Judicial.
Durante una intervención en el Comisión Primera Constitucional del Senado, la precandidata presidencial precisó que la medida propuesta por el gobierno permitiría a la UAEGRTD resolver casos de restitución de tierras sin la participación de un juez en aquellos procesos donde no exista oposición formal.
Esta situación, de acuerdo con la líder opositora, podría derivar en decisiones arbitrarias y afectar el derecho de domino a propietarios que han actuado de buena fe.
«Me opuse a las pretensiones de sectores de extrema izquierda de otorgar facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras, que en muchos casos ha vulnerado derechos de los legítimos poseedores y dueños», afirmó Cabal, enfatizando su denodado compromiso con la protección del derecho a la propiedad privada.
De acuerdo con el texto del proyecto de ley que se discute actualmente, la UAEGRTD tendría atribuciones jurisdiccionales en el 38 % de los casos de reclamación en trámite.
La senadora por el Partido Centro Democrático sostiene que esta modificación podría generar un desequilibrio en el sistema, otorgando un poder excesivo a la Unidad Administrativa y debilitando los mecanismos de control judicial.
Los reparas de Cabal a la normativa en trámite tienen sustento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tribunal que ha establecido en múltiple y variada jurisprudencia que la asignación de facultades jurisdiccionales a entidades administrativas debe ser excepcional y contar con una argumentación jurídica rigurosa.
A su juicio, la propuesta actual no cumple con estos requisitos y podría generar inseguridad jurídica y abrir la puerta a posibles abusos. “Las facultades jurisdiccionales solo deben asignarse a autoridades administrativas de manera excepcional y precisa. Este proyecto de ley otorga competencias a la UAEGRTD en un 38 % de los casos, sin intervención judicial en procesos sin oposición, lo que atenta contra la independencia del poder judicial”, precisó ´María Fernanda Cabal.
Finalmente, es importante resaltar que el debate sobre las facultades jurisdiccionales de la UAEGRTD se da en un contexto en el que la restitución de tierras sigue siendo un eje central de la agenda política y social del país. La postura de Cabal claramente busca conciliar estos intereses, promoviendo un proceso de restitución que garantice seguridad jurídica y equidad para todos los actores involucrados.
