El expediente contra el expresidente consta de más de 900 páginas y según la Fiscalía, contienen todos los elementos materiales probatorios para demostrar la responsabilidad del dirigente político en los actos vandálicos que se investigan.
La situación jurídica del expresidente brasilero Jair Bolsonaro podría complicarse: la Corte Suprema de Brasil estudia los elementos presentados por el ente acusador para verificar si son suficientes para abrir un juicio en su contra por presunto intento de golpe de Estado.
Esta decisión, podría terminar por completo con la carrera política de Bolsonaro, ya que, se enfrenta, dada la gravedad de los señalamientos, a una pena de prisión de hasta 40 años.
Los elementos materiales probatorios están siendo analizados por la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) y además del expresidente derechista, vincula a otras siete personas, consideradas «el núcleo crucial» de la presunta conspiración.
Según la Fiscalía, Bolsonaro habría liderado una organización criminal que planeó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras su derrota electoral en octubre de 2022. El pasado mes de febrero, le imputaron entre otros, los delitos de intento de «golpe de Estado», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «organización criminal armada».
La acusación de más de 900 páginas es enfática en que la idea de Bolsonaro y sus ‘ayudantes’ era la expedición de un decreto que justificara el impedimento de la posesión de Lula da Silva, poniendo en entredicho la validez de los escrutinios y, en consecuencia, de la elección. Asimismo, que el complot en comento no se consumó por la negativa del Ejército.
Dada la importancia del caso y la polarización que genera, desde el STF anunciaron un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones del complejo judicial para evitar alteraciones del orden público que impidan el desarrollo de la diligencia.
Por su parte, Bolsonaro se mantiene inamovible en su declaratoria de inocencia, argumentando que este ‘entramado’ legal busca sacarlo de las elecciones del próximo año, al tiempo que advirtió que, si lo envían a la cárcel, sería asesinado en menos de 30 días.
