La protesta arrocera mantiene cerradas vías estratégicas en Tolima, Huila, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y Santander. Colfecar advierte las consecuencias negativas para el sector debido los cierres viales.
A medio día de hoy (16-07-2025) el reporte de los cultivadores de arroz confirmaba que los cierres de vía ya no son un fenómeno focalizado: se esparcen desde el centro del país hasta la Orinoquía y el Caribe, trabando el tránsito en corredores tan decisivos como la intersección Chicoral–Bogotá–Ibagué (Tolima) o la conexión Llano Lindo–Villavicencio (Meta).
En Tolima, los manifestantes ocupan Saldaña, Gualanday y los accesos hacia El Espinal y Neiva; en Huila detienen la circulación en Campoalegre, Tesalia y el peaje de la entrada Neiva-Bogotá; mientras tanto, Córdoba lidia con bloqueos en Doctrina, Las Garitas (Lórica) y Tierra Alta. La lista se completa con Aguazul (Casanare), Tame (Arauca), el sector La Mojana (Sucre), los cruces de La Jagua de Ibirico, San Alberto y Aguachica (Cesar) y, en la troncal del Magdalena Medio, Sabana de Torres y Pedregal (Santander).
Aunque el detonante inmediato es la caída del precio del grano y los retrasos en los pagos a los productores, el efecto visible recae sobre la logística nacional. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) contabiliza 413 bloqueos entre enero y junio, equivalentes a 6.515 horas de interrupción o 271 días de parálisis acumulada.
Esa inmovilidad, advierte el gremio, ya le cuesta a la economía más de $1,4 billones de pesos en sobrecostos operativos y pérdidas de mercancía. Transportadores y comerciantes señalan que las demoras empiezan a sentirse en los inventarios de alimentos, combustibles e insumos industriales.
“Un solo cierre prolongado en la ruta Bogotá-Costa Atlántica puede agregar hasta 15 % al costo final de un flete”, advirtió un vocero de Colfecar, quien reclama un protocolo de negociación y desbloqueo ágil.
Por su parte, los arroceros insisten en mantenerse en las vías hasta que el Gobierno fije un precio mínimo por carga que cubra los costos de producción y garantice la compra de la cosecha a tiempo. Mientras no haya acuerdo, el país seguirá pagando la cuenta en bodegas vacías, demoras portuarias y un abastecimiento cada vez más incierto.
