La líder opositora y precandidata presidencial por el Partido Centro Democrático, denunció la complicidad de las autoridades locales y señaló que estos actos afectan gravemente el comercio, la movilidad y el suministro de insumos médicos en la región.
Por tercera ocasión, la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para exigir la identificación y judicialización de los responsables de los bloqueos ilegales en la vía Panamericana. La denuncia surge en respuesta a las recientes manifestaciones que han interrumpido de manera intermitente el tráfico entre Cali y Popayán, generando graves afectaciones al transporte de mercancías, productos esenciales y suministros médicos.
Hoy 28 de noviembre, mientras se radicaba la denuncia, la vía Panamericana amaneció nuevamente bloqueada. Según reportes de medios de comunicación, la obstrucción ha sido intermitente, complicando la movilidad en uno de los corredores más importantes del suroccidente colombiano. Este tipo de acciones ha sido recurrente en la región, especialmente protagonizadas por comunidades indígenas y campesinas del Cañón del Micay, quienes han utilizado esta vía para visibilizar sus demandas ante el Gobierno Nacional. Sin embargo, para Cabal, estos bloqueos constituyen actos ilegales e inconstitucionales que afectan gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Impacto social y económico
Las consecuencias de los bloqueos no son menores. La interrupción del tránsito en esta carretera afecta directamente la economía regional y nacional. La vía Panamericana es un corredor vital para el comercio, no solo porque conecta al Cauca con el resto del país, sino porque facilita el transporte de alimentos, combustibles y productos esenciales hacia las principales ciudades. La senadora Cabal ha insistido en que estos bloqueos atentan contra el derecho a la libre locomoción y la estabilidad económica del país.
«El comercio y la libre locomoción están siendo gravemente afectados, y esto no solo perjudica a las empresas, sino que impacta directamente a la ciudadanía en general, que depende de estos bienes y servicios», afirmó la congresista en sus redes sociales.
Acción legal y respuesta gubernamental
En el documento radicado ante la Fiscalía, Cabal solicita investigar a los responsables por presuntos delitos de perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial, así como por la obstrucción de vías públicas. Estos actos están contemplados en la legislación colombiana como delitos que afectan el orden público y pueden acarrear sanciones severas. La senadora instó además a la Gobernación del Cauca y a la Alcaldía de Popayán a tomar cartas en el asunto y evitar que estas situaciones se sigan normalizando.
«No vamos a permitir que se siga normalizando el acto ilegal e inconstitucional de bloquear el desarrollo del país con la excusa de exigir derechos», sentenció Cabal. Su posición refuerza la idea de que, aunque las protestas son un derecho legítimo, no deben vulnerar las garantías de otros ciudadanos.
La senadora no duda en calificar estos bloqueos como un acto criminal que atenta contra los derechos fundamentales de los colombianos.
Pero la denuncia va más allá. Cabal apunta a la necesidad de investigar no solo a los ejecutores, sino también a los posibles responsables detrás de estas acciones. “¿Quién financia estos bloqueos? ¿Quién se beneficia del caos? Es hora de que la Fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias”, afirmó la senadora, insinuando que detrás de estas protestas hay intereses oscuros que buscan desestabilizar la región.
Detrás de la denuncia de Cabal hay un mensaje claro: el Gobierno de Gustavo Petro está fracasando en garantizar el orden público. Para la senadora, la permisividad del Ejecutivo ha creado un ambiente en el que los grupos de presión se sienten con derecho a bloquear carreteras, paralizar el comercio y someter a la ciudadanía a sus caprichos.
Los bloqueos en el Cauca
El suroccidente del país ha sido históricamente una zona de alta conflictividad social. Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes han utilizado la vía Panamericana como escenario de protesta para exigir soluciones a problemas estructurales, como la falta de tierras, la protección de sus territorios y el cumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno. Sin embargo, para la senadora Cabal, estas demandas no justifican la interrupción del tráfico ni los perjuicios generados a la economía nacional.
El bloqueo más reciente, según medios locales, habría sido protagonizado por comunidades del Cañón del Micay, una región que ha estado en el centro del debate por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos. La complejidad del contexto social y económico del Cauca exige respuestas integrales del Gobierno Nacional, que vayan más allá del uso de la fuerza para disuadir las manifestaciones.
La senadora Cabal, reconocida por su férrea oposición al gobierno de Gustavo Petro, ha reiterado en varias ocasiones que el Estado debe imponer el orden y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Con esta nueva denuncia, se espera que la Fiscalía actúe con celeridad y que los responsables de los bloqueos sean identificados y judicializados.
El mensaje de Cabal es claro: los bloqueos no son protestas legítimas, son actos ilegales que deben ser enfrentados con toda la fuerza de la ley. La pelota ahora está en la cancha de las autoridades. ¿Responderán o seguirán permitiendo que el país sea rehén de los violentos?
