El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, planteó la urgencia de un incremento en los recursos asignados y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la atención y reparación de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado.
La Contraloría advirtió ante la Corte Constitucional que persisten los bloqueos institucionales para la destinación de recursos para atención a víctimas de desplazamiento forzado.
De acuerdo con Carlos Mario Zuluaga Pardo, vicecontralor en funciones de contralor general, existe un profundo grado de desarticulación o ausencia de coordinación entre las distintas entidades estatales con obligaciones de implementar las políticas públicas de desplazamiento forzado.
“La apropiación de recursos, o la capacidad institucional destinada a atender los componentes de una política, de cara a sus obligaciones legales y constitucionales, resulta insuficiente”, dijo Zuluaga Pardo.
Añadió que la asignación de funciones y responsabilidades en cabeza de las distintas entidades es difusa.
Presupuesto no alcanza
El vicecontralor en funciones de contralor general sostuvo que los recursos programados para 2023 continúan siendo insuficientes, por lo que se requiere un mayor esfuerzo fiscal por parte del gobierno nacional.
“Si bien, los recursos ejecutados por el gobierno nacional y reportados en su informe por $159,3 billones, han superado las estimaciones de recursos del gobierno nacional realizadas en los Conpes 3712 de 2011 y 4031 de 2021, el cálculo de la Contraloría, sobre los universos identificados indica que, para ejecutar sólo 8 medidas contempladas en la ley con aplicación exclusiva para población desplazada en los próximos 9 años, se requerirían alrededor de $192,1 billones de 2023. Estas medidas no incluyen la prestación del servicio universal de salud y educación ni las medidas que se comparten con la población víctima de otros hechos victimizantes”.
Ajustes a las políticas
El vicecontralor enfatizó es que se hace necesario que el gobierno revise y ajuste la aplicación de las medidas contempladas para la población desplazada y demás víctimas, articulando los recursos entre las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas.
Para el funcionario, se hacen urgentes un incremento en los recursos asignados y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la atención y reparación de la totalidad de los afectados.
“Que se implementen acciones de eficiencia del gasto mediante la articulación de las entidades, mejorando el impacto de las inversiones sobre la superación del estado de vulnerabilidad de la población desplazada”.
