Las comunidades rurales permanecen sitiadas por el accionar de dos de los delincuentes más peligrosos del país, cuyo liderazgo en las disidencias de las FARC ha incrementado el riesgo y la violencia en el departamento.
A través de una nota de prensa, la Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave crisis humanitaria que enfrenta en estos momentos el departamento del Guaviare, donde, según esa entidad más de 10.000 personas están confinadas desde el 26 de mayo de 2025 a causa de enfrentamientos entre disidencias de las extintas FARC.
El organismo denunció que la persistencia de la violencia y la vulneración de derechos en la región ha derivado en desapariciones, asesinatos y reclutamiento de menores, hechos advertidos previamente en la Alerta Temprana 001 de enero de este año.
Explica el comunicado, que el confinamiento afecta a habitantes de cerca de 60 veredas y corregimientos como Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas y Cámbulos, quienes transitan por la “Trocha Ganadera”, vía bloqueada por estructuras armadas al mando de alias Iván Mordisco (Bloque Amazonas) y alias Calarcá Córdoba (Bloque Jorge Suárez Briceño).
En ese sentido, señalan que la imposición del bloqueo ha impedido la circulación de misiones médicas y generado un grave desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría advirtió que la presencia armada y los enfrentamientos entre los grupos ilegales continúan recrudeciéndose, lo que incrementa el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos.
Ante esta situación que persiste en el tiempo y dadas las circunstancias, tiende a agravarse, la entidad solicitó al Gobierno Nacional la convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida en San José del Guaviare, para coordinar acciones de respuesta humanitaria.
Finalmente, pidió activar mecanismos humanitarios y de diálogo que permitan levantar el confinamiento y restablecer la libre circulación y el acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas. La Defensoría insistió en la adopción de medidas de prevención contra la repetición de estos hechos y proteger a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes.
