Los analistas del emisor advierten que el raquitismo de las finanzas públicas podría tener consecuencias mucho peores a los problemas que, según el Gobierno Nacional, se pretenden eliminar.
El pasado miércoles, 20 de noviembre, fue aprobado en séptimo debate el proyecto de ley que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), impulsado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y la bancada del extinto partido En Marcha.
La propuesta ha sido objeto de muchas críticas, porque supone una carga adicional a las maltrechas finanzas públicas, las cuales han obligado al ejecutivo a reducir, en más de una oportunidad en lo que va del año, el gasto de la Nación.
Según ha explicado el mismo Cristo y varios de los congresistas que secundan esta iniciativa, el objetivo es que los giros de la Nación hacia los departamentos, distritos y municipios sea igual o superior al 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación.
Tras finalizar el séptimo debate, Juan Fernando Cristo atinó a decir en defensa de la iniciativa legislativa lo siguiente: “es una muy buena señal que en esta semana, que estamos en el octavo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, avancemos en materia de descentralización y de Autonomía Territorial porque buena parte del conflicto que estamos viviendo en Colombia, y del reciclaje de las violencias en los territorios de este país, tiene que ver con la falta de presencia del Estado en esos territorios y este Acto Legislativo va a solventar esa deficiencia”.
¡Alarmas encendidas!
Casi al mismo tiempo en que los congresistas aprobaban en penúltimo debate la iniciativa, el Banco de la República emitía un comunicado advirtiendo los problemas de marca mayor que ocasionaría la celebrada ley en la práctica, a partir del documento técnico realizado por el Grupo de Análisis Fiscal de esa entidad.
“En las proyecciones sin reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), el déficit fiscal se estabilizaría alrededor del 2,8 % del PIB a partir de 2030 y la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) permanecería cerca del 55 % del PIB durante los próximos quince años. Vale la pena destacar que el MFMP incorpora un aumento progresivo del recaudo tributario en el tiempo que podría no darse, especialmente a la luz del menor recaudo ya observado tras la publicación de ese documento”, reseña la investigación.
Más adelante, explican que el aumento progresivo de las trasferencias hacia los entes territoriales que se plantea el articulado pone en duda el cumplimiento de la regla fiscal, si se tiene en cuenta lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
“La reforma que está en trámite en el Congreso hace el reto aún más complejo en la medida en que el gobierno estaría forzado a aumentar las transferencias de manera más pronunciada, llegando a 7,2 % del PIB en 2038. […] Desde un punto de vista puramente contable, el aumento en las transferencias previsto por el proyecto de acto legislativo que se encuentra en discusión en el Congreso de la República implicaría un aumento del déficit del GNC para 2038 del 2,8 % al 4,7 % del PIB, y un aumento de la deuda neta del GNC del 54,9 % al 64,6 % del PIB”, señala el emisor.
En ese sentido, consideran los expertos del Grupo de Análisis Fiscal, que las cifras obtenidas en sus proyecciones con modelos a partir del Marco Fiscal de Mediano Plazo y la propuesta del gobierno, habrían dejado por fuera de su análisis factores determinantes como la prima de riesgo de la deuda pública, las fluctuaciones en la tasa de cambio y el comportamiento del comercio exterior.
“El ejercicio realizado permite ver que el efecto macroeconómico de la reforma al SGP es sustancial en un escenario en el que el gasto del GNC no logra reducirse en forma compensatoria. El PIB de 2035 se reduce 11,6 % con respecto al escenario base, a causa de una caída del consumo y la inversión de 18 % y 30 %, respectivamente. La reforma implicaría un gasto público mayor en 2,7 % del PIB al previsto en el MFMP, en buena parte como consecuencia de mayores pagos de intereses, y un aumento de 28 % del PIB en la deuda pública, por encima del ancla actual de 55 % establecida por la regla fiscal”, explican los analistas del Banco de la República.
Finalmente, concluyen que la ‘cura’ que tanto pregona el ministro Cristo traerá consigo la aprobación de la reforma al SGP, podría ser peor que la enfermedad que la provocó.
“La preocupación sobre las implicaciones no deseadas para los entes territoriales de volver a vincular las transferencias a los ingresos corrientes de la Nación, una variable que puede ser muy volátil. Fue precisamente esa volatilidad la que llevó a que en la regla actualmente vigente las transferencias se ajusten con base en un promedio móvil del crecimiento de cuatro años de los ingresos corrientes de la Nación y no con base en lo sucedido el año inmediatamente anterior”, concluye el documento.
