Balance del PMU revela persistencia de violencia y desplazamientos masivos en el Catatumbo

 Las cifras confirman una compleja crisis humanitaria en Norte de Santander, que combina presencia armada, vulnerabilidad poblacional y desafíos estructurales en seguridad, salud y atención a víctimas.

El más reciente informe del Puesto de Mando Unificado (PMU) del Catatumbo, publicado por la Gobernación de Norte de Santander el 13 de enero de 2026, documenta un panorama alarmante de violencia y crisis humanitaria en la región.

Entre enero de 2025 y el inicio de 2026 se registraron 91.726 personas desplazadas, 283 confinadas y 361 alojadas temporalmente. Los municipios más afectados por desplazamientos son Tibú (20.789), Ocaña (18.384), San Calixto (15.588) y El Tarra (6.367). A ello se suma un total de 166 homicidios, de los cuales 19 corresponden a firmantes del acuerdo de paz.

En cuanto a lesionados, el reporte contabiliza 63 personas heridas, mientras que 5 firmantes de paz fueron reportados como desaparecidos en los municipios de Teorama, El Tarra y San Calixto. Las acciones armadas siguen teniendo un fuerte impacto sobre la población civil.

Además, se informa de la activación de 66 dispositivos de fuerza pública en la región: 44 del Ejército y 22 de la Policía. Entre tanto, las entregas voluntarias de integrantes de grupos armados organizados (GAO) alcanzaron las 195 personas, incluyendo 51 menores de edad.

Respecto al tema humanitario, la gobernación y organismos como ICBF, Cruz Roja y Defensa Civil reportan la distribución de más de 22.000 kits de ayuda alimentaria y de higiene, así como 3.633 evacuaciones aéreas y 44 evacuaciones terrestres. La cifra de firmantes del acuerdo de paz evacuados asciende a 57.

El informe incluye un alerta por nuevos enfrentamientos entre el ELN y tropas del Ejército en El Carmen y Tibú, con saldo preliminar de un civil herido y un militar fallecido, lo que evidencia el riesgo persistente para comunidades campesinas.

Finalmente, la Gobernación de Norte de Santander reitera el llamado a las autoridades nacionales para garantizar el cumplimiento de los decretos de urgencia expedidos entre enero y marzo, orientados a la atención de esta emergencia estructural.