Cifras oficiales señalan que durante 2025 las fuerzas del orden han intervenido más de 1.843 espacios equipados para la producción de estupefacientes en todo el país. Esta acción, representa una afectación a las finanzas de ese grupo terrorista en más de $2.900 millones.
En una ofensiva contra el narcotráfico en el departamento de Córdoba, la Policía Nacional y el Ejército destruyeron 13 laboratorios utilizados para la producción de pasta base de coca en la zona rural del municipio de Tierralta. Las instalaciones, pertenecientes a la subestructura ‘Javier Yepes Cantero’ del Clan del Golfo, fueron localizadas tras labores de inteligencia y patrullaje en uno de los corredores estratégicos para el tráfico de drogas en el Caribe colombiano.
Durante el operativo, que se extendió varias horas y requirió el despliegue de unidades especializadas en antinarcóticos, las autoridades incautaron 515 kilos de base de coca; 3.338 galones de insumos líquidos y 725 kilos de insumos sólidos.
Según cálculos de la Policía Nacional, este golpe representa una afectación directa de $2.900 millones a las finanzas de la organización criminal, considerada una de las más poderosas del país.
El general de brigada Carlos Fernando Triana, director de la Policía, señaló en su cuenta en la red social X, que «estos laboratorios eran fundamentales para el sostenimiento económico del Clan del Golfo en la región. Su destrucción es un mensaje claro de que no permitiremos que el narcotráfico siga financiando la violencia y la criminalidad». Además, explicó que la operación en Tierralta se enmarca en una estrategia nacional de intensificación de la lucha contra el multicrimen.
De acuerdo con cifras de la Policía, en lo que va de 2025 se han destruido 1.843 laboratorios clandestinos para la producción de estupefacientes, lo que representa un incremento del 42% respecto al mismo periodo del año anterior.
Expertos en seguridad consultados subrayan que el aumento en el número de laboratorios destruidos refleja tanto la expansión de los cultivos ilícitos como el fortalecimiento de la capacidad operativa de las fuerzas del orden. Sin embargo, advierten que la persistencia de estos enclaves evidencia la necesidad de estrategias integrales que incluyan alternativas económicas para las comunidades afectadas.
Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las operaciones y de judicializar a los responsables, mientras se mantiene la vigilancia en los territorios más vulnerables al accionar de grupos armados ilegales.
