Un juez de la República judicializó a 11 personas, incluyendo militar en servicio e intendente retirado de Policía, por sustraer armamento de batallones y ponerlo a disposición de grupos ilegales en Cauca, Tolima, Meta y Arauca. Durante las diligencias de allanamiento se incautó arsenal valorado en millones.
La Fiscalía desmanteló una sofisticada red criminal que sustraía armamento de instalaciones militares para comercializarlo con disidencias de las Farc y bandas urbanas, en una operación que evidencia las vulnerabilidades en la seguridad de los arsenales estatales.
Según una nota de prensa emitida por ente acusador, 11 personas fueron judicializadas por integrar esta organización delictiva que operaba en múltiples departamentos, entre ellas Jhon Alexander Salgado Osorio, soldado profesional en servicio activo, y Alberto Hernando Orozco Salcedo, intendente pensionado de la Policía Nacional señalado como uno de los cabecillas.
La investigación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales reveló un modus operandi que combinaba acceso privilegiado a instalaciones militares con redes de distribución hacia grupos armados ilegales.
Los procesados sustraían material el bélico en los batallones en Bogotá, el Fuerte Militar de Tolemaida y la planta de Indumil en Soacha, utilizando salvoconductos vencidos para engañar a comercios legales de municiones y empleando empresas lícitas como fachada.
Durante nueve operativos simultáneos, el CTI y la Brigada 13 del Ejército incautaron un impresionante arsenal: 3.184 municiones de diversos calibres, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, un lanzagranadas, una subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, un detonador eléctrico, 55 uniformes pixelados similares a los militares y 45 millones de pesos en efectivo.
Este armamento era distribuido a estructuras disidentes en Cauca, Tolima, Meta y Arauca, además de bandas criminales en Bogotá. Investigadores pudieron establecer que el soldado Salgado Osorio se encargaba de sustraer granadas, municiones y componentes de armas desde los batallones, mientras Orozco Salcedo reclutaba personas con acceso a Indumil para facilitar el robo de armamento que luego se vendía con permisos falsificados.
Finalmente, la Fiscalía informó que ocho de los 11 procesados aceptaron los cargos por concierto para delinquir agravado, fabricación y tráfico de armas de uso restringido, y utilización ilegal de uniformes e insignias. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos los implicados, en un caso que expone graves fallas en los protocolos de seguridad militar.
