Mientras el Gobierno atribuye la presión a bloqueos legislativos y pasivos heredados, voces técnicas y opositoras señalan que el aumento de la deuda y del gasto ha elevado la percepción de riesgo. El encarecimiento del financiamiento condiciona la gestión pública.
El repunte de las tasas de los Títulos de Tesorería (TES) —la principal herramienta con la que el Gobierno se financia en el mercado— configuró un cierre de año con mayores exigencias para la política fiscal. Las referencias más recientes ubican los rendimientos en 12,7 % a 10 años, 12,2 % a 5 años y 10,3 % a un año, cifras que implican un costo de endeudamiento superior al observado en los últimos ejercicios fiscales.
Según el analista Diego Montañez-Herrera, el aumento se explica por un ajuste en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas. En ese sentido, observa que “están pidiendo rendimientos más altos porque observan tensiones en la trayectoria de las finanzas públicas. Cuando el mercado detecta incertidumbre sobre la capacidad de ajuste fiscal, las tasas responden al alza, encareciendo el servicio de la deuda”
La dinámica de las tasas cobra relevancia adicional si se tiene en cuenta cómo se forman los rendimientos de estos títulos. Aunque muchos TES pagan cupones fijos anuales, el Banco de la República utiliza la información de las transacciones en el SEN y el MEC para estimar una curva cero cupón, mediante la metodología de Nelson y Siegel. Esta curva permite conocer el rendimiento puro a diferentes plazos y se convierte en referencia para evaluar cuánto cuesta financiar al Estado.
Desde esta perspectiva, el comportamiento reciente no solo refleja movimientos del mercado, sino una lectura más amplia sobre la sostenibilidad de la política fiscal. Los datos oficiales divulgados por el Ministerio de Hacienda refuerzan las alertas. El Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta que la deuda neta del Gobierno Nacional Central cerrará 2025 en torno al 60 % del PIB, luego de haber descendido a 53,4 % en 2023.
A su vez, la deuda bruta, con corte a octubre de 2025, asciende a 1.188 billones de pesos, frente a los 804 billones registrados al inicio de la actual administración. Este crecimiento implica mayores recursos destinados a pago de intereses y menor flexibilidad dentro del Presupuesto General para financiar inversión y programas sectoriales.
Contrapunteo sobre el origen del encarecimiento
Respondiendo a las proyecciones del analista, el presidente Gustavo Petro atribuyó la presión sobre los TES a limitaciones institucionales. En su declaración, aseguró que “no hay desorden fiscal; los TES crecen porque las comisiones económicas no aprueban los recursos para superar el endeudamiento que dejó Duque”.
Según esta lectura, la escalada en las tasas no deriva de decisiones recientes de política fiscal, sino de restricciones legislativas y pasivos heredados. La respuesta del exministro José Manuel Restrepo no se hizo esperar, pues descargan en él toda la responsabilidad de la situación.
Restrepo, como de costumbre, plantea una interpretación distinta sustentada en cifras oficiales. Para él, el aumento en los rendimientos está directamente asociado al crecimiento acumulado de la deuda durante la actual administración.
“El Gobierno recibió una deuda en relación al PIB descendente y hoy la tiene en máximos recientes. Los datos muestran que pasó de 804 billones a 1.180 billones, y la deuda interna aumentó de 481 billones a 812 billones, casi el doble”, precisó el exministro de Hacienda.
Yendo más allá, añadió que la deuda bruta se ubica alrededor del 65 % del PIB, un nivel comparable al observado durante la pandemia. Según su argumento, estos incrementos han elevado la prima de riesgo exigida por el mercado. “Hoy estamos pagando casi un 40 % más de tasas de interés que a comienzos de 2022”, comentó.
El diferencial entre ambas posiciones revela una tensión estructural: mientras el Gobierno atribuye la presión financiera a factores institucionales previos, otros actores remiten a decisiones fiscales tomadas durante los últimos dos años. Más allá de la disputa, los datos coinciden en un punto central: financiar al Estado se volvió más costoso y el presupuesto enfrenta un espacio de maniobra cada vez más restringido.
Hacia 2026, la combinación de tasas elevadas, deuda creciente y un calendario de amortizaciones más exigente obliga a replantear prioridades administrativas. La sostenibilidad fiscal dependerá de que el país logre anclar expectativas, fortalecer ingresos permanentes y contener el gasto estructural. De lo contrario, el incremento en los TES no solo reflejará el riesgo, sino que terminará consolidándolo en la trayectoria de la deuda pública.
