El Observatorio de Derechos Humanos de INDEPAZ alertó sobre un posible repunte de asesinatos de líderes sociales en diciembre de 2025. El informe denuncia el fracaso del Estado en la protección de defensores de derechos humanos y advierte que la violencia se ha convertido en un mecanismo de control político en contextos preelectorales.
Un nuevo informe del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de INDEPAZ, titulado “Una tendencia que mata: El fracaso del Estado en la protección de los liderazgos sociales”, advierte sobre una proyección alarmante de violencia hacia finales del año.
Según el análisis, la falta de una política efectiva de protección ha consolidado un patrón estructural de ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
El estudio anticipa un posible incremento de asesinatos en diciembre de 2025, en comparación con los años anteriores, en un contexto marcado por el inicio del ciclo preelectoral de cara a las elecciones de 2026.
INDEPAZ sostiene que la violencia se ha instrumentalizado como un mecanismo de control político y social, particularmente en territorios donde confluyen disputas armadas y economías ilegales.
Desde 2016 hasta el 6 de noviembre de 2025, se han registrado 1.865 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Solo en 2025, 161 homicidios han sido documentados hasta la fecha, y de mantenerse la tendencia, el cierre del año podría superar los registros de años previos.
El informe subraya que estos hechos no son aislados, sino parte de un sistema de violencia estructural sustentado en tres factores principales: la debilidad institucional y la captura del Estado local, la disputa por rentas ilegales y la estigmatización de los defensores de derechos humanos.
“Cada muerte es la expresión visible de una estructura de poder que busca controlar el territorio, los recursos naturales y las comunidades que se resisten a esos intereses”, señala el documento.
INDEPAZ también critica la respuesta estatal, calificándola de “securitista y reactiva”, centrada en la militarización y en la aplicación de medidas burocráticas que no salvan vidas.
La organización insta a implementar transformaciones estructurales que incluyan políticas agrarias incluyentes, respeto a la autonomía territorial, regulación de economías ilegales y desmantelamiento de las alianzas entre actores armados, políticos y económicos.
El informe concluye advirtiendo que la aparente estabilización en las cifras de homicidios no representa una mejora, sino la “consolidación de un umbral de tolerancia a la muerte”.
Una normalización de la violencia que, según INDEPAZ, la sociedad colombiana no puede permitirse aceptar.
