Ventas irregulares, pérdida de vehículos y joyas, no pago de servicios públicos y administración de bienes inmuebles, hasta ocupación irregular de las edificaciones por parte de las personas objeto de extinción de dominio, hechos que, según la Contraloría, han generado detrimento a las arcas del Estado por más de $28.000 millones.
A través de un comunicado de prensa, la Contraloría General de la República, informó de los muchos problemas encontrados al interior de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), entidades que tienen a su cargo la administración de los bienes incautados.
La auditoría realizada a ambas entidades arrojó un poco más de 36 hallazgos con incidencia en los ámbitos penales, disciplinarios y fiscales, sobre estos últimos, informó que luego del análisis, se determinó que cifra presuntamente ‘perdida’ alcanza los $28.056 millones.
“Dentro de la auditoria adelantada por la Contraloría delegada para el Sector Justicia, se evidenció el manejo irregular de bienes que estaban bajo custodia de la SAE. Algunos de esos bienes simplemente desaparecieron, exponiendo a la nación a millonarias demandas”, dice la nota de prensa, colgada en la mañana de este martes 25 de junio en la página web del ente de control fiscal.
Asimismo, advierte el boletín, que hasta el 31 de diciembre del año pasado, Frisco tenía en su poder 33.109 bienes inmuebles, los cuales son administrados de manera irregular y a todas luces irresponsable por la SAE S. A. S.
Yendo un poco más allá, el ente de control precisa que del gran total, “5985 (18.07 %) poseen contrato de arrendamiento, 9528 (28.77 %) están desocupados y con ocupación irregular 15.060 (45.4 %)”, situación que le ha causado un presunto detrimento a las arcas del estado por valor de $16.151 millones.
A renglón seguido, la entidad presenta en detalle todas las empresas involucradas en las irregularidades. Arranca diciendo que la Sociedad Nuevo Amanecer, mandataría de la SAE para la administración de los bienes incautados, hizo operaciones comerciales que dejaron pérdidas cercanas a los $100 millones en la venta de un lote de caballos y más de $1302 millones más en la misteriosa pérdida de 69 relojes de lujo, lo cuales deben ser devueltos por cuenta de una orden judicial.
En las ciudades de Montería y Bogotá, detectaron hallazgos que ascienden a los $1945 millones debido al extravía de 31 taxis y un número importante de partes de otro tanto que permanecían en custodia de la SAE. Pero, los problemas no son exclusividad de las empresas delegadas para la administración de los bienes, sino que también, se extiende hasta la entidad estatal.
“Producto de esta auditoría se evidenciaron dificultades en la administración de los bienes inmuebles en aspectos como: la actualización anual de cánones de arrendamiento y avalúos, pagos de servicios públicos domiciliarios sin identificar los folios de matrícula inmobiliaria para los que se dirigían estos, no pago de cuotas de administración por parte de los arrendatarios, inmuebles arrendados que no cuentan con póliza vigente que ampare el pago de los cánones y, por el contrario, en algunos casos se evidencia que como garantía fue entregado efectivo en depósito”, dice la nota de prensa en uno de sus apartes.
Señala también el documento, que lo que respecta a la Regional de Occidente, esta ha incurrido en la omisión del cobro de cánones de arrendamiento, dejando de recibir por ese concepto la no despreciable suma de $1881 millones. En la Regional Suroccidente, se encontraron casos donde los bienes son utilizados para actividades irregulares.
Como si esto fuera poco, hay evidencia de providencias judiciales que obligan a la SAE a pagar más de $2304 millones, esto, debido a que no se hicieron en tiempo los pagos de administración de bienes inmuebles.
Otro asunto problemático tiene que ver con la ejecución de las órdenes de desalojo y toma de posesión de los bienes afectados con la medida de incautación, no por temas de seguridad, sino por cuenta de un contrato para tales fines por más de e $4343 millones y el incumplimiento de dicho objeto, pues, a fecha de hoy “se evidencian ocupaciones irregulares en el 45.4% del total de los bienes a cargo de la SAE”.
La Contraloría también cuestionó el aumento en el valor del arrendamiento de la sede principal sin que hubiera alguna justificación. Finalmente, critica que “a pesar de las múltiples fallas evidenciadas en la gestión de los bienes a cargo de la SAE, se han aprobado comisiones a sus funcionarios desde la vigencia 2021, producto del cumplimiento de metas de comercialización y arrendamientos, por valor de $6.591 millones”.
