Dos activistas venezolanos fueron atacados a tiros en Bogotá. Organizaciones y líderes exigen al gobierno colombiano garantizar su protección y esclarecer el atentado.
El defensor LGBTIQ+ Yendri Velásquez y el analista político Luis Peche fueron atacados a tiros este 13 de octubre en Bogotá. Organizaciones y líderes políticos exigen al gobierno colombiano una investigación urgente y garantías de protección para los defensores venezolanos refugiados en el país.
Un ataque armado perpetrado este lunes en el norte de Bogotá dejó heridos a los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, ambos reconocidos defensores de derechos humanos que viven en Colombia tras haber sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Diversas organizaciones y figuras políticas han condenado el atentado y exigido protección inmediata para los exiliados.
Velásquez, defensor LGBTIQ+ y solicitante de refugio, se encuentra en Colombia tras haber sido perseguido por denunciar violaciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela.
En agosto de 2024 fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba viajar a Ginebra para participar en una audiencia ante un comité de la ONU; en ese momento, las autoridades anularon su pasaporte.
Desde su llegada al exilio, trabaja en Amnistía Internacional Colombia en la defensa de los derechos de migrantes y refugiados.
Por su parte, Luis Peche, analista político y activista, ha denunciado la detención arbitraria del periodista Carlos Marcano, desaparecido el 23 de mayo de 2025 y recluido en la cárcel venezolana de Tocorón.
Ambos han sido voces visibles de la crisis de derechos humanos en su país, lo que, según organizaciones de defensa, los ha expuesto a múltiples amenazas.
La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado y confirmó que Velásquez había solicitado acompañamiento institucional en su trámite de refugio.
“Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades”, señaló el organismo, que instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva, y a adoptar medidas de protección urgentes.
Desde Venezuela, la líder opositora María Corina Machado condenó el ataque y responsabilizó al régimen de Maduro por la persecución que obligó a ambos activistas a exiliarse.
“Este atentado es una agresión contra la labor de defensa de los derechos humanos en toda la región”, expresó en un comunicado. Machado pidió al presidente Gustavo Petro garantizar la seguridad de los refugiados venezolanos y promover una investigación “exhaustiva, transparente y urgente”.
Diversas organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos exigieron al gobierno colombiano y a Migración Colombia ofrecer protección efectiva a los defensores venezolanos en riesgo, muchos de los cuales —advierten— enfrentan un “limbo migratorio” por trabas burocráticas.
También recordaron la obligación del Estado colombiano, según los tratados internacionales de derechos humanos, de proteger a quienes solicitan asilo por razones de persecución política o social.
