La falta de suministro eléctrico pondría en riesgo la prestación de otros servicios esenciales como salud, educación y comercio.
La Contraloría emitió una alarma sobre el posible racionamiento de energía que podría afectar a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Vichada debido al retraso significativo en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, en cabeza del activista Andrés Camacho, a pesar de que estos fondos habían sido previamente asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con la información disponible, la Contraloría identificó tres factores críticos que contribuyen a la crisis actual. En primer lugar, el retraso en el giro de los subsidios por parte del gobierno nacional; en segundo lugar, la falta de reembolso a los prestadores del servicio por los recursos no recaudados debido a la “opción tarifaria” implementada durante la pandemia, que congeló las tarifas para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Finalmente, el incumplimiento por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que ha provocado posibles limitaciones en el suministro de energía.
La Contraloría enfatizó en que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio; no obstante, hasta la fecha no se ha observado ninguna actuación por parte de estas entidades, a pesar de la gravedad de la situación.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra hizo un llamado urgente al gobierno nacional, así como a los ministerios y superintendencias involucradas, para que tomen medidas inmediatas para evitar la afectación en la prestación del servicio eléctrico. Entre las acciones recomendadas se encuentran la regularización del giro oportuno de los subsidios y la resolución del incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red.
Además, la Contraloría recordó que, según estudios previos y recientes, la seguridad y confiabilidad energética son temas de alta prioridad. La falta de disponibilidad y pago de subsidios ha sido identificada como una amenaza significativa para la prestación del servicio en regiones como Atlántico, Magdalena y La Guajira. Esta situación pone en riesgo no solo el suministro de energía, sino también otros servicios esenciales como salud, educación y comercio.
El ente de control también señaló que la no apropiación de recursos presupuestales suficientes para el pago de servicios públicos por parte de las entidades públicas es una conducta grave, que podría constituir una falta disciplinaria.
