El contralor Carlos Rodríguez hizo un llamado urgente al Gobierno sobre la necesidad de depurar las deudas entre aseguradores y prestadores. A partir de la reforma que se propone, la Contraloría dirigirá su foco de atención hacia la ADRES, con el fin de prevenir, mitigar al máximo y evitar las posibles pérdidas de recursos del sistema o detrimentos al patrimonio.
A fin de garantizar la implementación y sostenibilidad de la Reforma a la Salud en el mediano y largo plazo, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención al Gobierno Nacional sobre la necesidad de precisar de manera clara el costo real de este proyecto.
En este sentido, el jefe del organismo de control advirtió sobre la necesidad de depurar y aclarar las deudas entre los diferentes actores del sistema, como requisito previo a la implementación de los nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos, con un proceso de saneamiento efectivo, en los tiempos de transición de un modelo a otro.
“Esta Contraloría hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que nos reporte la estructura de costos y los estudios previos en que se ha basado para la proyección de los mismos, habida cuenta de la necesidad y de la preocupación que nos asiste para llevar a cabo lo de nuestra competencia, en el seguimiento y la vigilancia debida a los recursos públicos, con el fin de que se garantice el derecho fundamental a la salud de la población”, expresó al instalar el Foro “Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal”.
Para el contralor, un aspecto crítico evidenciado en el actual modelo de salud es el tema de las deudas de las EPS con los prestadores que, según lo anunciado por la Superintendencia de Salud, estarían en el orden de los $23,3 billones, y conforme los análisis realizados por la CGR con información del más reciente reporte de la Circular 30, con corte a septiembre de 2022, podría ascender a los $26,1 billones.
Se necesitan medidas de control más eficaces
Además, advirtió que las deudas con los prestadores, a cargo de las EPS que están bajo medidas especiales, corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas terminan en procesos de liquidación, con el riesgo de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, toda vez que los activos resultan insuficientes para cubrir sus acreencias.
En el ejercicio de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760, la CGR reportó, con corte a diciembre de 2022, un total de $6527 millones correspondientes a auditorías en salud, $28.821 millones de actuaciones especiales de fiscalización, $224.248 millones de indagaciones preliminares; además de 524 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $1,3 billones y 102 procesos de jurisdicción coactiva por $1,6 billones
Por lo anterior, se puede señalar que es evidente la materialización del riesgo financiero de las IPS, en la medida que no se garantiza el flujo oportuno y suficiente de recursos, para la prestación del servicio de salud, lo cual, finalmente incide en la calidad de la atención a los afiliados.
Procesos de la ADRES requieren ajustes
Rodríguez Becerra manifestó también “gran preocupación” acerca del riesgo de pérdida de recursos del sistema, de no llevarse a cabo los ajustes pertinentes sobre los procesos de la ADRES, de acuerdo con lo que la CGR ha podido verificar en diversas actuaciones que ha realizado sobre esta entidad, que con la Reforma a la Salud centralizaría el manejo directo de los recursos del sector.
Mencionó tres aspectos de la ADRES que preocupan especialmente a la Contraloría:
1- Las debilidades detectadas en la ADRES por parte de la CGR, en materia del seguimiento a los recursos del sistema, así como de los procesos de auditoría de cuentas médicas de NO SOAT y Recobros por parte de las EPS, que han determinado giros o pagos a diversas entidades sin el rigor debido, sin la verificación del cumplimiento de requisitos críticos para realizar los pagos correspondientes por servicios de salud cobrados o recobrados a la ADRES, en los cuales ha sido notoria la debilidad en materia de auditoría médica NO SOAT y Recobros.
2- En segundo lugar, la tercerización de la auditoría de cuentas de su competencia, lo que supone la necesidad de evaluar el costo-beneficio de dicha tercerización, que ha generado también inconvenientes o trastornos al flujo de recursos, tales como el proceso del contrato 080, cuyo siniestro significó dos años de retraso en la auditoría para el pago de las cuentas de recobros a las EPS, por servicios prestados durante las vigencias 2018 y 2019, cuyo mayor impacto lo sufrieron los prestadores de servicios de salud a nivel nacional, y que dio pie al Acuerdo de Punto Final.
3- Y tercero, en lo correspondiente a las capacidades y competencias institucionales de la ADRES, la CGR evidenció en los ejercicios de fiscalización, debilidades y riesgos, relacionados con la ausencia de talento humano para la realización de auditorías y la carencia de información para iniciar los procesos de recuperación del recaudo por concepto de reclamaciones. Así mismo, la necesidad de ser fortalecida en sus sistemas de información interoperables, que den garantía de transparencia en el uso y flujo de los recursos; con un sistema transaccional visible, que cuente con herramientas de ciberseguridad para garantizar también la seguridad de los datos financieros y en salud.
“Surge para esta Contraloría el interrogante acerca de cómo serán los procesos de auditoría y seguimiento al giro de recursos del sistema, por parte de la ADRES, de ahora en adelante, ante el nuevo panorama de riesgos implícito en la reforma, el cual debe ser sopesado, evaluado y mitigado al máximo, para evitar la posible pérdida de recursos del sector, pues esta administradora, además del manejo de los mismos, se propone tenga a cargo los procesos de contratación de los servicios de salud”, anotó.
Y a renglón seguido advirtió: “debo agregar con el mayor énfasis que esta Contraloría, a partir de la reforma que se propone, adecuará y dirigirá su foco de atención mayoritariamente hacia la ADRES y sus procesos internos de manejo, uso, destinación y flujo de los recursos, sin descuidar los otros actores del Sistema, mediante las diferentes herramientas que poseemos, con el fin de prevenir, mitigar al máximo y evitar las posibles pérdidas de recursos del sistema o detrimentos al patrimonio público”.
