Las cifras, que aumentaron en un 43 %, dejan en evidencia que las políticas sociales del gobierno de Gustavo Petro, hasta la fecha, han sido un fracaso.
Entre enero y diciembre del 2023 se registraron 2046 manifestaciones de conflictividad social en 446 municipios de 31 departamentos del país. Comparado con 2022, cuando se registraron 1427 eventos, el aumento fue del 43 %, según los datos recolectados por la Defensoría del Pueblo.
Las cifras, que van en ascenso, dejan en evidencia que las políticas sociales del gobierno de Gustavo Petro, hasta la fecha, han sido un fracaso.
De acuerdo con la entidad garante de los derechos humanos, los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por las acciones u omisiones del Estado fueron los bloqueos de vías con el 38 %, plantones, 33 %; marchas, 11 %; disturbios, 6 %; paros-ceses de actividades, 5 %, y toma de instalaciones, 3 %.
También, en comparación con el 2022, se puede observar que hubo un aumento del 94 % en la ocupación o toma de instalaciones, del 62 % en los ceses de actividades, del 62 % en los bloqueos de vías y del 31 % en los plantones y concentraciones.
Principales conflictos y zonas
Los eventos identificados por la Defensoría del Pueblo estuvieron asociados a conflictos laborales en el 18 % de los casos registrados durante el 2023, a la garantía del derecho a la educación, 12 %; inversión o presencia estatal, 11 %; conflictos políticos relacionados con la elección de alcaldes y gobernadores, 11 %; prestación de servicios públicos, 10 %; derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, 9 %; políticas de transporte, 9 %; propiedad de la tierra o vivienda, 5 %, y conflictos ambientales, 5 %.
“Así mismo, se observó un aumento considerable en relación con los eventos de protestas, disturbios y asonadas ocurridos antes, durante y después del proceso electoral. A ello se suman las protestas en contra de las políticas de transporte y de sectores productivos, principalmente el agropecuario”, dijo el defensor, Carlos Camargo Assis.
Los diez departamentos que concentraron el mayor número de conflictos sociales fueron Bolívar con el 7 %; Antioquia, 6 %; Santander, 6 %; Magdalena, 6 %; Atlántico, 5 %; La Guajira, 5 %; Valle del Cauca, 5 %, y Córdoba, Norte de Santander y Tolima, con el 4 % cada uno.
Llamado al gobierno
Para la Defensoría del Pueblo, el gobierno nacional debe fortalecer la articulación interinstitucional para que sean propiciados oportunamente espacios de diálogo con las comunidades que manifiestan sus problemáticas e insatisfacción de derechos humanos.
“También debe hacérsele un seguimiento riguroso y oportuno al cumplimiento de los acuerdos alcanzados y adelantar procesos de fortalecimiento institucional con los mandatarios locales, con el fin de prevenir el escalamiento de conflictividades en distintos puntos del territorio nacional”, pidió Camargo Assis.
