La entidad señaló que el uso de armas no convencionales demuestra la necesidad de reforzar la presencia estatal y los mecanismos de prevención en zonas de riesgo. Adicionalmente, recordó que ni la retaliación ni la guerra justifican crímenes contra la población civil, y exhortó al respeto irrestricto del principio de distinción humanitaria.
En Filo Gringo, corregimiento de El Tarra (Norte de Santander), un ataque con dron ocurrido el lunes 20 de octubre impactó a la población civil en inmediaciones del puesto de salud. Según la Defensoría del Pueblo, la explosión provocó la muerte de Ramón Salazar (63 años) y lesiones a su esposa, Rosa García (68), además de otras personas afectadas por esquirlas.
De acuerdo con el organismo de control, el hecho es atribuible al llamado Frente 33 de las disidencias. En su pronunciamiento, la entidad subrayó la gravedad del empleo de este tipo de artefactos en zonas pobladas y precisó que se trata de un proceder incompatible con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Así lo expuso la entidad a través de sus canales oficiales de comunicación: “la Defensoría del Pueblo rechaza categóricamente esta conducta que constituye un ataque contra la población civil a través de un arma no convencional y de efecto indiscriminado. Su uso vulnera el derecho internacional humanitario y puede constituir un crimen de guerra”.
La entidad también dejó sin piso las explicaciones del Frente 33, el cual habría intentado justificar estas acciones para repeler la incursión en la zona de estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), recordando los elementos que en ese sentido contempla el DIH.
“El Derecho Internacional Humanitario contempla el principio de no reciprocidad. Esto quiere decir que el deber de respetar las normas humanitarias no depende de su respeto por el adversario. Es decir, nada exime a los grupos combatientes, ni al Frente 33 ni al ELN, de su deber inderogable de respetar el principio de distinción y de la prohibición de atacar a la población civil”, precisó la Defensoría del Pueblo en su extenso comunicado.
Yendo más allá, la entidad cuestionó la contradicción entre estos hechos y el proceso de paz que el grupo ha anunciado con el Gobierno Nacional, razón por la cual, insistió en el cese de hostilidades y en la obligación de proteger a quienes están en mayor condición de vulnerabilidad, como personas mayores, niños, adolescentes, pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Finalmente, instó al Ejecutivo a actuar con celeridad. “Se solicita al Gobierno que tome todas las medidas de protección de la población civil, como garante de sus derechos y que exija al grupo armado cesar de inmediato estos ataques y que demuestren seriamente su voluntad de paz”, puntualiza el mensaje.
