La Defensoría del Pueblo había advertido riesgos de seguridad en el municipio, donde operan varias estructuras ilegales que mantienen disputas por rutas y control social en comunidades campesinas e indígenas. Las autoridades reforzaron operativos de investigación y protección para la población civil territorio.
Tres personas murieron en la madrugada del 1 de febrero luego de un ataque armado perpetrado en un bar ubicado en la vereda Chucunés, zona rural del municipio de Mallama, en el departamento de Nariño. De acuerdo con información recopilada por Indepaz, el hecho corresponde a la masacre número 13 registrada en Colombia en lo que va de 2026.
Según el reporte preliminar, varios hombres fuertemente armados ingresaron al establecimiento durante la madrugada, identificaron a las víctimas y abrieron fuego en su contra. Las tres personas murieron en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los fallecidos ni los móviles específicos del ataque.
En las horas previas al hecho, en el territorio habían aparecido panfletos con amenazas atribuidas a grupos armados ilegales que operan en la zona. Este antecedente es analizado por los investigadores como un posible indicio de disputas entre estructuras que buscan control territorial en este sector del suroccidente del país.
Mallama había sido incluido por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 013 de 2025, en la que se advertía sobre el riesgo para la población civil derivado de la imposición de normas, restricciones a la movilidad y otras formas de control social ejercidas por actores armados ilegales. El documento recomendaba acciones prioritarias de prevención y protección para el municipio.
De acuerdo con Indepaz, en el área tienen presencia el Frente Urías Rendón del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), el Frente Comuneros del Sur, estructuras de la Segunda Marquetalia y bandas de carácter local. La concurrencia de estos grupos ha sido señalada como un factor de presión sobre comunidades rurales y corredores estratégicos del departamento.
La jurisdicción de seguridad corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional. Tras el ataque, las autoridades locales anunciaron el fortalecimiento de operativos y la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar acciones interinstitucionales.
Con este hecho, Nariño vuelve a figurar entre los departamentos más afectados por la violencia armada en el inicio de 2026. Organismos de derechos humanos reiteraron el llamado a reforzar la protección de la población civil y a garantizar presencia institucional sostenida en los territorios con mayor riesgo.
