Los gremios advierten que el proyecto del Ministerio de Hacienda desfinanciaría el sistema pensional, reduciría el número de pensionados y pondría en riesgo las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Piden abrir mesas técnicas para revisar sus impactos.
Asofondos y Fasecolda encendieron las alarmas frente al proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda que modificaría las reglas de financiamiento de las pensiones en el país.
Según los gremios, la medida afectaría directamente a cerca de 20 millones de trabajadores afiliados al Régimen de Ahorro Individual (RAIS) y comprometería la sostenibilidad de las pensiones más vulnerables.
El punto crítico, explican, es el cambio propuesto al esquema de deslizamiento del salario mínimo, mecanismo que garantiza que las pensiones mínimas crezcan al ritmo del salario mínimo.
Con el decreto, una parte del ajuste que antes asumía el Gobierno —el componente discrecional— recaería sobre los futuros pensionados. Esto, advierten, obligaría a los trabajadores a aportar cerca de un 30% más para acceder a una renta vitalicia.
“Con esta medida las personas tendrán mayor dificultad para acceder a una pensión mínima vitalicia; menos trabajadores podrían gozar de una pensión de por vida”, afirmó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
El impacto sería inmediato: menos colombianos lograrían pensionarse y quienes lo hagan recibirían montos más bajos.
El riesgo también toca a las pensiones de invalidez y sobrevivencia. El seguro previsional —su principal fuente de financiación— dejaría de ser viable por el alza en los costos. “Si nadie puede ofrecer este seguro, millones de afiliados quedarán desprotegidos en situaciones de mayor vulnerabilidad”, advirtió Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Hoy, miles de personas que no cumplen las semanas requeridas logran pensionarse gracias a su capital acumulado. Pero, según los gremios, el proyecto de decreto elevaría el monto mínimo exigido, cerrando esa posibilidad y dejando sin protección a quienes ya están cerca de pensionarse.
Los efectos no se limitarían a los afiliados: también habría costos para el Estado. La Constitución obliga a la Nación a cubrir las pensiones de invalidez y sobrevivencia cuando no existan mecanismos de aseguramiento, lo que podría generar obligaciones adicionales estimadas en 2 billones de pesos en los primeros diez años.
“Estos recursos podrían destinarse a programas solidarios como Colombia Mayor”, señaló Velasco.
Asofondos y Fasecolda insistieron en que cambiar las reglas sin evaluar integralmente el sistema generaría una “medida regresiva”, dañina para los trabajadores y costosa para el país.
Por eso hicieron un llamado respetuoso al Ministerio de Hacienda para instalar mesas técnicas que permitan revisar conjuntamente los efectos del decreto y evitar regulaciones fragmentadas o contrarias a los objetivos del sistema.
“Es indispensable que cualquier modificación sea analizada desde una perspectiva sistémica. Invitamos al Ministerio a revisar conjuntamente las consecuencias adversas del proyecto de decreto”, puntualizó Morales.
