Las ocupaciones ilegales que han estado convulsionando el escenario rural desde principios de año en algunas zonas del país, parecen estar trasladándose a las ciudades. A las denuncias en Barranquilla y Cartagena, se suman ahora las señales de alerta en el populoso sector de Ciudad Bolívar en Bogotá.
Desde el mes de marzo de este año han estado en la agenda de los medios y varios dirigentes políticos de izquierda y derecha las ocupaciones ilegales que se vienen presentando en todo el país. Muchos de los opinadores coinciden en que la aparente laxitud del gobierno central para con quienes están perturbando la propiedad privada, es un mal mensaje y ha propiciado esta oleada de invasiones.
Baste mirar lo que en este sentido han dicho varios funcionarios del alto gobierno, como el ministro de Defensa, quien parece en sus declaraciones avalar las acciones de los invasores y desechar de plano los derechos que le asisten a los legítimos propietarios de los terrenos invadidos.
Unas de las declaraciones más polémicas sobre este asunto, donde desde el Ministerio de Defensa se ha llamado a privilegiar los diálogos con los invasores antes que las acciones judiciales efectivas para el desalojo, tiene que ver con las acciones que por mandato legal debe emprender la Policía Nacional para restituir la propiedad perturbada.
«Ha habido actuaciones que han impedido que se consoliden invasiones u ocupaciones de esta naturaleza. En las que han transcurrido esas 48 horas, ya es en virtud de una decisión judicial en el proceso que se inicia por perturbación de la posesión, pero ya eso es en cumplimiento de una decisión judicial. Pasadas las 48 horas, la Policía solo puede actuar si tiene esa orden judicial», declaró el ministro Velázquez.
Iván Velázquez incluso salió a medios de comunicación a desmentir las afirmaciones del director de la Policía Nacional, mayor general Henry Sanabria Cely, quien enentrevista al canal de noticias RCN aseguró que «hay mafias de personas que tienen en algún momento que entregarle dinero a ciertas personas para que invadan terrenos, otras para que perturben, realizando incendios…», y, además, señaló a dos grupos armados ilegales de promover estas acciones ilegales: “cuando hemos llegado a sitios a recuperar esos predios hemos sido atacados por grupos armados de disidencias de las Farc, ELN y Autodefensas Gaitanistas».
Frente a estas declaraciones, el ministro de Defensa replicó negativamente la información ofrecida por el alto oficial. “No se podría afirmar tajantemente que detrás de las invasiones de predios en el país estuvieran grupos ilegales como el ELN o las disidencias”, dijo Iván Velázquez.
Otros como la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Agricultura Cecilia López, cambiaron de opinión sobre la marcha ante las contundentes pruebas de acciones ilegales para ocupar predios privados, cometidas por actores sobre los cuales habían abogado frente al país en medios de comunicación.
En una rueda de prensa en la presidencia y en muchos escenarios, Francia Márquez ha rechazado tajantemente las ocupaciones ilegales que se han vuelto noticia frecuente en todo el país. “No aceptamos y rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”, dijo en su momento a vicepresidenta.
Los invasores llegaron a las ciudades
En su editorial del 2 de septiembre pasado, el diario El Universal de Cartagena, ciudad donde también se han presentado problemas de invasiones, dejó ver el sentir de muchos no solo en la ruralidad donde se vive con más intensidad el asunto, sino también en las grandes ciudades, donde los invasores parecen haber puestos sus ojos. “Entre las preocupaciones más relevantes de los propietarios de tierras ha estado el temido apoyo a los despojadores de predios privados, por parte de funcionarios del nuevo Gobierno”, puede leerse en uno de los apartes del artículo titulado: Invasiones y legalidad.
Este ambiente bastante convulso y la falta de firmeza del alto gobierno han alentado a quienes propician y adelantan invasiones, pues, han hecho caso omiso del llamado a cesar la ocupación ilegal de propiedades privadas, tanto así, que un problema que inició en el Cauca, se ha replicado con bastante fuerza y sistematicidad en 18 departamentos del país, c0mo lo ha denunciado en muchas ocasiones Fedegán y su presidente ejecutivo José Félix Lafaurie.
Hace unos días, por ejemplo, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar), coronelJorge Antonio Urquijo Sandoval, dijo que tiene información relacionada con la ejecución de estas actividades por parte de organizaciones criminales, contrario a las declaraciones negacionistas del mindefensa Iván Velázquez.
El alto oficial fue más allá y aseguró que delincuentes estarían adelantando invasiones en el área urbana de Barranquilla a nombre propio y no de la estructura criminal a la que están vinculados. “Hay actores delincuenciales que han dinamizado a cuenta propia esta problemática en la ciudad y su área metropolitana: en muchos casos se han hecho pasar como miembros de grupos delictivos como manera de ejercer presión o intimidación a propietarios de predios”, expuso el coronelJorge Antonio Urquijo.
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, confirmó las declaraciones emitidas desde la Mebar y desnudó varias de las actividades ilegales que se propician con la invasión de tierras en las áreas urbanas: “Hemos coordinado con las autoridades acciones para que se combatan a las organizaciones criminales dedicadas a este delito contra la propiedad privada, que promueve la informalidad y afecta diversos sectores de la economía como a constructores, ganaderos e industriales, pero también a las familias que compran un lote para edificar una vivienda y terminan siendo víctimas de este flagelo o porque les invaden el predio o porque se los vendieron ilegalmente”.
Éstas ciudades de la Costa Caribe no son las únicas donde se han presentado ocupaciones ilegales en áreas urbanas, se supo por medios regionales que el pasado 19 de septiembre un grupo de al menos 600 personas se apoderaron de un predio de la Gobernación del Cauca, ubicado en la zona norte de Popayán.
También se han empezado a emitir alertas en torno a las posibles invasiones a terrenos privados y públicos en Bogotá. La Unidad Investigativa de El Tiempo (ET) informó que tiene en su poder comunicaciones dirigidas a la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar donde se ponen en conocimiento escaramuzas encaminadas a la toma dirigida de las montañas de esa localidad por cuenta de una estructura delincuencial llamada ‘las abogadas’ y con participación de varios funcionarios.
Está claro entonces, que este asunto dejó de ser un problema exclusivo de los ingenios y pequeños productores de caña en el departamento del Cauca, que por cuenta de las invasiones sostenidas han reportado pérdidas por más de 150.000 millones de pesos. En esta zona el problema es mucho más complejo que en otros lugares, pues, las organizaciones indígenas que comanda el Cric se negaron a abandonar los predios ocupados ilegalmente y anunciaron al Presidente Petro y su gabinete que seguirán invadiendo.
O de los ganaderos y agricultores en Plato, Magdalena que protagonizaron un plantón en la Vía de Los Contenedores para alertar sobre lo que podría ser una ocupación ilegal a más de 4000 hectáreas y fueron tildados de paramilitares por el gobernador Carlos Caicedo y varios medios de comunicación afines a su discurso.
El problema de las invasiones y los negocios ilegales que tras éstas se esconden son ya un asunto que el Estado en pleno debe atender con urgencia, antes que pueda salirse de control en las ciudades, así como parece estarlo en la ruralidad. ¿Acaso necesita el Ministro de Defensa Iván Velázquez que las mafias que están detrás de las ocupaciones ilegales a la propiedad privada, pública y baldíos impacten con su actividad ilícita a las grandes ciudades para prestar la debida atención al asunto?
