La decisión se basó en la omisión de un requisito legal obligatorio: la presentación del examen Saber Pro. Expertos advierten posibles consecuencias penales por falsedad en documento público y fraude a la administración.
No para la bola de nieve que parece haber frenado el meteórico ascenso de Juliana Guerrero en el Alto Gobierno. La Fundación de Educación Superior San José confirmó la anulación del título profesional en Contaduría Pública que figuraba a su nombre, luego de verificar que no cumplía con uno de los requisitos legales esenciales para la expedición del diploma: la presentación del examen Saber Pro del Icfes.
Según lo declarado por el abogado de la institución, Juan David Bazzani, hasta la fecha “no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de si la estudiante presentó o no presentó las pruebas” y, por tanto, la universidad se vio obligada a invalidar el título otorgado.
La controversia tomó fuerza esta semana tras conocerse que Guerrero ostentaba ese título en la hoja de vida colgada en la página web de la Presidencia en el marco de su postulación como viceministra de Juventudes. Este hecho podría dar lugar a consecuencias jurídicas, varios analistas coincidieron en que de comprobarse que el documento fue utilizado para acreditar un requisito profesional sin haber cumplido con las condiciones legales, se configurarían posibles delitos contra la fe pública.
El artículo 286 del Código Penal colombiano establece que el servidor público que consigne una falsedad en un documento público incurre en una pena de hasta 144 meses de prisión y 180 meses de inhabilitación. Por su parte, el artículo 288 castiga con hasta 108 meses de prisión a quien induzca en error a un funcionario público para obtener un documento de este tipo.
En declaraciones recientes, Juliana Guerrero sostuvo que “fueron temas internos de la universidad” y que su graduación fue habilitada legalmente. Aseguró que presentará las pruebas Saber Pro “para saldar cualquier duda” sobre la validez de sus estudios.
El caso ha suscitado preocupación entre académicos y juristas por las implicaciones que tendría el uso de un título académico inválido en el ejercicio de cargos públicos. Por ahora, la Fundación San José ha dejado sin efectos el diploma, y se espera que las autoridades competentes definan si existen méritos para abrir una investigación penal.
