Antioquia decidió no aplicar los impuestos creados mediante el decreto de emergencia económica mientras la Corte Constitucional define su legalidad, al considerar que la medida afecta de forma desproporcionada las finanzas regionales.
El Gobierno de Antioquia anunció que no aplicará los impuestos creados por el decreto de emergencia económica y social expedido por el Gobierno nacional, hasta que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad.
La decisión se sustenta en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, al considerar que la medida afecta de manera desproporcionada las finanzas del departamento y vulnera la autonomía fiscal de las regiones.
El gobernador Andrés Julián Rendón expresó su rechazo al uso de las facultades extraordinarias del Ejecutivo para modificar el sistema tributario, al señalar que la emergencia no puede convertirse en un mecanismo para imponer cargas fiscales que, a su juicio, exceden los límites constitucionales. Según explicó, la determinación busca evitar un daño económico irreversible mientras el alto tribunal adelanta el control automático del decreto.
Desde la Gobernación se indicó que los análisis técnicos realizados muestran que la aplicación inmediata de los nuevos tributos tendría un impacto negativo significativo sobre los ingresos departamentales, sin que se cumplan plenamente los criterios de necesidad y finalidad que exige la Constitución para este tipo de medidas excepcionales.
Rendón también cuestionó los argumentos del Gobierno nacional para justificar la declaratoria de emergencia, y aseguró que situaciones como el hundimiento de una ley de financiamiento hacen parte del funcionamiento normal del sistema democrático y no necesariamente habilitan el uso de poderes extraordinarios.
“El principio de urgencia no puede usarse como un permiso ilimitado para alterar el orden fiscal del país. La Constitución debe prevalecer sobre cualquier decreto o acto administrativo”, señaló el mandatario, al insistir en que las entidades territoriales cuentan con mecanismos de defensa cuando consideran que se están desbordando los cauces legales.
La postura de Antioquia coincide con la del Distrito de Medellín, cuyo alcalde, Federico Gutiérrez, también anunció acciones ante la Corte Constitucional y manifestó reparos frente a los efectos económicos y jurídicos del decreto.
