La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, y el Consejo Gremial Nacional respetaron la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 y llamaron a construir un acuerdo concertado que proteja el ingreso y preserve el empleo formal.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo para 2026, generó reacciones en el sector empresarial, que coincidió en la necesidad de acatar el fallo y abrir un nuevo espacio de concertación.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, afirmó que la medida cautelar “debe ser respetada y acatada” y representa una oportunidad para convertir la coyuntura en un escenario de consenso.
Señaló que es momento de retomar el diálogo entre empresarios y trabajadores para construir un acuerdo sobre el salario mínimo que brinde seguridad jurídica, proteja los ingresos y preserve el empleo formal.
Lacouture subrayó que el objetivo debe ser mejorar de manera real la calidad de vida de los trabajadores mediante un ajuste técnico y sostenible, que al mismo tiempo garantice la viabilidad del sector empresarial y fomente la generación de más y mejores empleos.
En la misma línea, el Consejo Gremial Nacional, a través de un comunicado a la opinión pública, reiteró su respeto por las decisiones de las altas cortes y recordó que el auto proferido tiene carácter cautelar, por lo que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto, sino una determinación provisional mientras se emite un fallo de fondo.
El gremio enfatizó que la fijación del salario mínimo es una decisión de alto impacto económico y social, con efectos sobre el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de millones de hogares.
Por ello, insistió en que cualquier incremento salarial debe adoptarse con rigor técnico, bajo los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996 y los principios constitucionales de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal.
Asimismo, destacó que Colombia requiere decisiones equilibradas que protejan los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, reconozcan la realidad económica del país, marcada por desafíos en crecimiento, productividad, informalidad laboral e inflación.
