Mientras el delegado atribuye el cierre a causas “sobre todo climáticas” y evita responsabilizar a las ACSN, informes oficiales documentan amenazas, bloqueos, cobros ilegales y vulneraciones de derechos humanos, reforzando denuncias de líderes como Norma Vera sobre la presión territorial armada.
Las declaraciones de Mauricio Silva, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa sociojurídica con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), intensificaron la polémica nacional tras el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona, al evidenciar una postura que líderes sociales y defensores de derechos humanos califican de evasiva frente a la violencia y el control armado en la región.
Silva aseguró que las razones del cierre consignadas en las resoluciones son “sobre todo climáticas” y reiteró que no puede atribuir responsabilidad penal a las ACSN sin investigaciones judiciales concluyentes. Aunque reconoce que “hay riesgo, hay denuncias, hay gente con miedo”, insiste en que no puede construir una “verdad oficial con base en rumores”, ni señalar autores específicos sin pruebas.
Esta postura contrasta frontalmente con los hechos documentados por Parques Nacionales y la Defensoría del Pueblo. El memorando 20261500000283 de la Oficina de Gestión del Riesgo solicitó el cierre del Tayrona por vulneración de derechos humanos, tras reportar amenazas directas contra la jefatura del parque, bloqueos en los accesos, cobros ilegales a visitantes y la exigencia a funcionarios de retirarse los uniformes bajo intimidación.
El documento advierte que estas acciones generaron un “riesgo inminente” para la vida e integridad del personal y obligaron a abandonar las instalaciones, suspendiendo el control estatal. En la misma línea, la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo refuerza este panorama al señalar la presencia de dispositivos de control territorial ejercidos por las ACSN y el Clan del Golfo, así como afectaciones a funcionarios encargados de la protección ambiental.
Este conjunto de evidencias dibuja un escenario de presión armada y pérdida de gobernanza que desborda cualquier explicación climática. Para la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, la postura del negociador revela una desconexión preocupante con la realidad territorial.
“No se puede negociar con un grupo armado teniendo una posición tan ambigua y poco documentada”, advirtió, al señalar que las ACSN extorsionan, cometen homicidios, imponen castigos y violan el Derecho Internacional Humanitario. Su crítica no apunta a la negociación en sí, sino a la base de verdad sobre la cual se pretende sostener.
Yendo más allá, otros analistas del conflicto advierten que la ambigüedad del delegado transmite un mensaje peligroso: reconocer el miedo sin nombrar al actor que lo produce. En territorios donde el control armado se ejerce mediante intimidaciones, cobros ilegales y restricciones al acceso institucional, esta postura puede interpretarse como una forma de invisibilización.
El cierre del Tayrona dejó de ser un asunto administrativo para convertirse en un síntoma de la crisis de autoridad en la Sierra Nevada. Mientras el Gobierno busca avanzar en diálogos, la distancia entre su narrativa y los hechos documentados por sus propias instituciones pone en entredicho la credibilidad del proceso.
Así, más que un problema de comunicación, la controversia revela un dilema político: negociar sin reconocer la magnitud del control armado puede convertir la paz en un ejercicio retórico, desconectado de la realidad que enfrentan comunidades, funcionarios y defensores de derechos humanos en uno de los territorios más estratégicos del país.
