La judicialización de alias Juanma representa un paso en la lucha contra la impunidad, aunque organizaciones sociales insisten en que se requieren acciones más contundentes y estructurales para frenar la violencia sistemática contra quienes defienden los derechos humanos en el país.
Manuel Eccehomo Córdoba Mena, conocido con el alias de Juanma, fue enviado a prisión tras ser señalado como uno de los responsables del asesinato del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024 en el barrio Obrero de Quibdó, Chocó.
La decisión fue adoptada por un juez penal de control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento en centro carcelario con base en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI).
Según la investigación, alias Juanma habría cumplido un rol clave en la planeación del crimen, realizando labores de inteligencia y vigilancia para facilitar el ataque.
La información suministrada por el hoy procesado permitió que un grupo de hombres armados ingresara al sector, derribara puertas de viviendas vecinas y accediera a la casa del líder social, quien se encontraba descansando. Allí, le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.
El fiscal del caso imputó a Córdoba Mena los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El acusado no aceptó los cargos.
El crimen de Romaña Cuesta no fue un hecho aislado. Las autoridades sostienen que estaría vinculado a las acciones violentas de intimidación y control social ejercidas por la estructura criminal Los Mexicanos, que opera en Quibdó con el objetivo de imponer su dominio sobre las rentas ilícitas y ejercer presión sobre comunidades vulnerables.
Este caso se suma a una larga lista de agresiones y homicidios, 69 en el país contra líderes sociales en Colombia, especialmente en territorios donde persisten actores armados ilegales y estructuras delincuenciales que desafían la presencia institucional y vulneran los derechos de la población.
