Campesinos e indígenas temen salir de sus casas por temor al Clan del Golfo que está ejerciendo control en Bojayá. Claman presencia del Estado.
Un total de doce comunidades campesinas e indígenas del municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, vienen siendo víctimas de estructuras al margen de la ley, las cuales han recrudecido su accionar indiscriminado desde comienzos de este año. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, son 3347 personas, de 830 familias, las que se encuentran confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera.
Las familias, que forman parte de las comunidades Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, están afectadas por la instalación de minas antipersona, reclutamiento de menores de edad, amenazas a líderes sociales y profesores, torturas contra indígenas por supuestamente pertenecer a diferentes grupos armados ilegales y acoso sexual contra mujeres.
“El control territorial y social ejercido por el Clan del Golfo es cada vez mayor. Además, el grupo armado quiere imponer su hegemonía en las comunidades que habitan la zona a lo largo del río Atrato. Todo fue advertido en nuestra Alerta Temprana 016 del 2021”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Retenes y violencia de género
La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo conoció que las comunidades, cuando por necesidad se arriesgan a salir de sus territorios, están siendo extorsionadas en varios puntos donde ilegales que delinquen en las áreas rurales de Bojayá han instalado retenes. Denunciaron que son cuatro los retenes, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva. “Les quitan las pertenencias cuando reclaman ayudas humanitarias y recursos de la indemnización que les corresponde por ser víctimas del conflicto”.
La situación es más grave aún ya que las mujeres están siendo víctimas de acoso y violencia sexual por parte de los delincuentes armados.
“A las mujeres las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor”.
Otro hecho es la restricción para sacar del territorio la producción de plátano. El Clan del Golfo impide que les entren recursos a los pobladores que dependen de ese comercio porque, según la denuncia, los señalan de destinarlos a otros grupos armados ilegales.
“Es una clara infracción al derecho internacional humanitario, enmarcado en los Protocolos de Ginebra, la lamentable situación. Lo que está sucediendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, pero también a los campesinos de Bojayá y sus alrededores”, expresó Camargo Assis.
En este sentido, el funcionario exigió que el gobierno nacional intervenga para garantizar la tranquilidad de las comunidades afectadas.
“Me pregunto dónde está la institucionalidad, dónde están los cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que actuar, honrar lo que les dicta nuestra Constitución. La dignidad humana es un derecho que debe ser protegido”, reclamó el defensor del Pueblo.
