De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la situación en el sur de Bolívar es insostenible y requiere acciones inmediatas para evitar que la población siga siendo afectada por la violencia.
La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por la alarmante crisis humanitaria que golpea a los municipios de Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el sur de Bolívar.
La intensificación de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales por el control de los yacimientos mineros en la serranía de San Lucas ha sumido a la población en una espiral de violencia y desesperación.
Durante lo que va de 2025, la región ha sufrido cuatro desplazamientos forzados masivos, el confinamiento de cinco poblaciones enteras y un aumento alarmante de homicidios selectivos, amenazas contra líderes sociales, reclutamiento de menores y el uso indiscriminado de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.
La situación se agravó con el asesinato del líder comunitario Robinson Loaiza López el pasado viernes en la vereda El Golfo del municipio de Santa Rosa del Sur, un crimen que refuerza el clima de miedo e impunidad en la zona.
En medio del fuego cruzado
Los hechos actuales confirman los riesgos advertidos en la Alerta Temprana Estructural 034 de 2023, que identificó el peligro latente en los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití.
La coexistencia de tres grupos armados como el ELN, células de las FARC bajo el mando de alias Calarcá Córdoba y el Ejército Gaitanista de Colombia, ha convertido a la región en un campo de batalla, con la población civil atrapada en medio del fuego cruzado.
Ante esta crisis, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad urgente de implementar medidas concretas para proteger a los habitantes del territorio.
Entre las solicitudes se encuentra la adopción de planes de contingencia por parte de las Entidades Territoriales para garantizar la atención humanitaria inmediata, así como la intervención de la Fuerza Pública para salvaguardar la seguridad de la población.
Asimismo, se exigió al gobierno nacional acelerar la ejecución del plan de choque para la implementación del Acuerdo de Paz y fortalecer la articulación institucional en la región.
Además, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que atienda de manera oportuna las solicitudes de seguridad de líderes sociales en riesgo.
Respeto por los derechos humanos
En medio de esta crisis, la Defensoría también instó a los grupos armados a respetar los derechos humanos y garantizar la vida e integridad de la población civil.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben prestar especial atención a esta emergencia para evitar que la violencia continúe escalando sin control.
