Presencia del ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia ha propiciado una crítica situación de derechos humanos en el municipio chocoano. La Defensoría exige acciones urgentes del Estado para proteger a la población civil.
La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta ante el deterioro de la situación de seguridad y derechos humanos en San José del Palmar, municipio del departamento del Chocó. La advertencia señala el grave impacto del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC o AGC), cuyas disputas por el control territorial están afectando de manera directa a la población civil.
El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN mantiene presencia en zonas con débil institucionalidad, donde impone normas de comportamiento y ha realizado paros armados, especialmente en la subregión del San Juan chocoano. Estas acciones han derivado en confinamientos forzados, limitando la movilidad y el acceso a servicios básicos.
Por su parte, el EGC ha intensificado su expansión en municipios vecinos, lo que incrementa el riesgo de incursiones y enfrentamientos armados, generando temor e incertidumbre entre los habitantes.
La Defensoría advirtió que las poblaciones más amenazadas incluyen la cabecera urbana de San José del Palmar, 30 veredas de los corregimientos La Italia y San Pedro de Ingará, así como los resguardos indígenas Embera Chamí Copé del Río Ingará, Sabaletera San Onofre y El Tigre, Alto Bonito Vira Vira, y varios consejos comunitarios afrodescendientes.
Grupos especialmente vulnerables son mujeres rurales, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado, además de comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en zonas estratégicas para las estructuras armadas.
Urgen medidas
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó al Estado colombiano adoptar medidas urgentes y sostenidas, incluyendo mecanismos de respuesta inmediata, presencia institucional efectiva, y programas de desarrollo y seguridad, especialmente orientados a prevenir el reclutamiento forzado y la violencia de género.
Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente al gobierno nacional, autoridades departamentales y locales para que cumplan con su deber constitucional de proteger a las comunidades, prevenir nuevas violaciones de derechos humanos y atender las necesidades humanitarias derivadas del conflicto armado.
