Organizaciones de usuarios en salud advierten que una iniciativa del Ministerio de Salud podría provocar traslados masivos y arbitrarios de afiliados a EPS intervenidas, profundizando la crisis humanitaria del sistema y poniendo en riesgo tratamientos de pacientes con enfermedades graves.
La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud lanzó una alerta nacional ante lo que considera un inminente agravamiento de la crisis humanitaria del sistema de salud colombiano, tras conocerse actos administrativos del Ministerio de Salud puestos en consulta pública que anticipan la expedición de un decreto con cambios estructurales en el modelo de aseguramiento.
Según las asociaciones, la iniciativa del Gobierno Nacional modificaría el esquema de habilitación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con base en criterios territoriales, lo que derivaría en traslados masivos y no voluntarios de afiliados.
De acuerdo con las cifras expuestas, 6.606.371 usuarios serían cambiados de EPS, entre ellos más de 3,1 millones que pasarían a la Nueva EPS, cerca de 289 mil a Savia Salud y más de 533 mil a la EPS S.O.S., entre otras.
Las organizaciones advierten que la medida vulneraría el derecho fundamental a la libre escogencia, al trasladar a los usuarios sin su consentimiento a EPS intervenidas por el propio Estado, muchas de las cuales —según informes de la Contraloría General de la República y reconocimientos del mismo Gobierno— no cuentan con la capacidad suficiente para garantizar servicios oportunos y dignos.
“La preocupación es mayor porque las EPS que recibirían el mayor número de usuarios son precisamente aquellas que han sido intervenidas y que no han superado sus problemas estructurales”, señala el pronunciamiento.
A esto se suma el riesgo de interrupción de tratamientos para pacientes con patologías críticas, como enfermedades crónicas, oncológicas, raras o de especial cuidado, cuya atención continua resulta vital.
La Mesa Nacional también alertó sobre lo que denomina el fenómeno del “Shu-Shu-Shu”, una sobrecarga de enfermedad en aseguradoras sin solidez administrativa ni financiera, que podría generar mayores presiones económicas sobre todo el sistema y trasladar los costos directamente a los usuarios, quienes tendrían que seguir pagando de su bolsillo para acceder a servicios de salud.
Las asociaciones de usuarios hicieron un llamado urgente a los organismos de control y a la opinión pública para que no se adopten decisiones que, lejos de resolver la crisis, la profundicen.
Asimismo, insistieron en la necesidad de cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y de priorizar la protección de la vida y los derechos de los pacientes y del talento humano en salud.
