Niños y adolescentes son el principal blanco de las estructuras La Cordillera, Los Flacos y La Oficina que los usan para el expendio de sustancias ilícitas, el transporte de armas y la ejecución de homicidios.
La Defensoría del Pueblo denunció que menores de edad de los municipios de Calarcá, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida y Circasia, en el departamento del Quindío, están siendo instrumentalizados por grupos criminales.
Se trata, particularmente, de población entre los 13 años que viene siendo blanco de La Cordillera, Los Flacos y La Oficina, estructuras ilegales que realizan actividades de control territorial con varios fines como el de fortalecer el mercado de estupefacientes y asesinar a quienes intenten oponerse a sus intereses criminales.
“Alertamos cómo vienen siendo utilizados los menores de edad en la cadena de expendio de sustancias ilícitas. Entre las dinámicas más comunes está la que se conoce como ‘carritos’, que son quienes transportan droga entre puntos de distribución y la zona de almacenamiento. Pero también, lamentablemente, utilizan a los jóvenes en ‘labores’ de ejecución de homicidios selectivos y traslado de armas de fuego”, afirmó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
Población vulnerable
De acuerdo con la entidad, los grupos del crimen organizado locales se aprovechan de los jóvenes de bajos recursos económicos. En ocasiones tienen en cuenta que, por sus edades, es más factible que puedan ingresar a algunas instituciones educativas para que les vendan drogas ilícitas a otros jóvenes.
“Lamentablemente, estos menores se crían en ambientes en los que se normaliza el actuar criminal como un estilo de vida, incluso, con el auspicio de sus padres o familiares, que históricamente se han dedicado al comercio de drogas ilícitas y a otras actividades al margen de la ley”, añadió Camargo Assis.
Zonas peligrosas
Los menores que están más expuestos son los que habitan un corregimiento y 15 barrios de Calarcá, nueve barrios de Montenegro, 13 de Quimbaya, ocho de La Tebaida y 11 de Circasia.
“Hacemos un llamado a las autoridades de la región para que saquen a los menores de la criminalidad, a que sea mejorada la presencia institucional y a que haya más políticas públicas que favorezcan a esta población, caracterizada por estar en sectores de amplia complejidad social”, agregó.
Prevención
Para el defensor del Pueblo, es necesario, adicionalmente, enfrentar las diferentes problemáticas con la promoción de medidas de prevención, protección y atención, todo a cargo de los entes y autoridades competentes.
“Además de las labores policiales y militares para superar los factores de amenaza, es clave aumentar las oportunidades de acceso a la educación superior y la oferta de empleos formales para los jóvenes, que impliquen la garantía de sus derechos. De esta manera, serían minimizados los factores de vulnerabilidad y riesgo que los puedan llevar a la configuración de delitos”, concluyó.
