Advierten que la ausencia de una respuesta temprana puede profundizar la incertidumbre y dificultar la resolución administrativa del caso. Propietarios de la zona activaron acompañamiento preventivo para facilitar el diálogo, canalizar la atención estatal y evitar afectaciones a menores, familias vulnerables y residentes del entorno.
El exviceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, denunció en redes sociales la invasión de la finca El Delirio, ubicada en el municipio de Pijiño del Carmen, Magdalena, donde entre 50 y 60 personas habrían ocupado el predio sin que exista un proceso de negociación en curso con la Agencia Nacional de Tierras.
Mediante un trino, Botero advirtió que, a pesar de advertir la situación irregular a las autoridades competentes, los protocolos institucionales de reacción no se activaron. “La Alcaldía Municipal no toma acciones argumentan estar en carnaval Solicitamos apoyo de las autoridades!”, escribió el exalto funcionario.
Según la alerta pública, la falta de actuación dentro de las primeras 48 horas desde el ingreso irregular puede complicar cualquier procedimiento de desalojo, pues la restitución posterior a ese plazo exigiría órdenes de un juez de la República, extendiendo en el tiempo la ocupación ilegal.
Botero también señaló, que la demora institucional incrementa el riesgo de tensiones sociales y vulneraciones de derechos fundamentales, tanto de los propietarios como de las personas que permanecen en el lugar. Ante el escenario, se activaron los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, con el propósito de acompañar a los afectados y canalizar la atención de entidades con competencia en la materia.
Este programa preventivo, coordinado por la federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), busca articular la respuesta del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía municipal, con el fin de proteger a menores de edad, prevenir confrontaciones y facilitar una solución institucional dentro del marco legal.
El Código Penal colombiano, en su artículo 263, establece que quien invada terreno o edificación ajena con el propósito de obtener provecho ilícito puede enfrentar penas de prisión entre 48 y 90 meses y multas de hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la invasión ocurre en predios rurales con explotación agrícola o pecuaria, la pena aumenta a un rango de 54 a 120 meses de prisión.
La norma también contempla sanciones más severas si la ocupación se produce con violencia, superando medidas de seguridad o afectando bienes del Estado. No obstante, prevé mecanismos de terminación anticipada del proceso penal o principio de oportunidad si los invasores cesan la ocupación, desalojan el predio e indemnizan los perjuicios causados antes de etapas procesales clave.
Finalmente, el exviceministro reiteró la necesidad de una respuesta rápida y coordinada por parte de la institucionalidad que permita restituir el derecho de dominio a los propietarios.
