¡Alarmante! Todos los habitantes de Isla de Cruz, en Chocó, abandonaron sus hogares por combates entre el ELN y el Clan del Golfo

Fueron 67 familias, que es la totalidad de quienes habitan en esa localidad chocoana, las que huyeron para proteger su integridad.

La Defensoría del Pueblo denunció que un total de 180 personas, entre niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, el equivalente a 67 familias, se vieron en la obligación de desplazarse del sitio conocido como Isla de Cruz, en zona rural del municipio del Medio San Juan, Chocó, debido a enfrentamientos armados entre el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del ELN y el Clan del Golfo.

“La institucionalidad nacional, departamental y local debe volcar esfuerzos para que le dé una atención inmediata e integral a la comunidad desplazada, que en este momento es susceptible de vulneración de derechos, especialmente porque hay menores de edad, mujeres y adultos mayores, algunos de ellos requieren atención en salud”, exigió del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Abandonaron su hogar

Para proteger su vida e integridad, las 67 familias, que es la totalidad de quienes habitan en Isla de Cruz, se desplazaron hasta el corregimiento Dipurdú, también jurisdicción del Medio San Juan, municipio que forma parte de la subregión del San Juan, en el suroriente del departamento.

“La zona de los hechos está bajo advertencia que emitimos con la Alerta Temprana 020 del 2021 e informe de seguimiento 012 del 2023, razón por la que las autoridades competentes deben actuar con prontitud”, dijo Carlos Camargo Assis.

A los grupos armados ilegales les recordó que bajo ninguna circunstancia tienen que afectar a las comunidades, ni en las cabeceras municipales, ni en las zonas rurales.

“El ELN y el Clan del Golfo deben acatar integralmente el derecho internacional humanitario. La población civil debe estar al margen de las hostilidades”.

Quieren el control

Las dos estructuras armadas ilegales que ejercen influencia bajo el yugo de las armas buscan consolidar el control territorial en la zona para robustecer el negocio de sus economías ilícitas, como el tráfico de cocaína y el cobro de extorsiones al comercio.  

“Dada la complejidad para ingresar a la zona, este 20 y 21 de octubre, una comisión de la Defensoría viajará hasta Dipurdú para verificar la situación humanitaria que afronta en este momento la comunidad desplazada”, indicó el defensor del Pueblo.