En lo que va de este año, ya se han presentado 13 nuevos casos en 8 departamentos.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el número de casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante 2024.
Según el más reciente informe, se han documentado 533 casos a nivel nacional, una cifra que refleja no solo la persistencia de este crimen, sino también la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y denuncia.
De estos casos, 323 corresponden a niños y adolescentes hombres, mientras que 210 son niñas y adolescentes mujeres. El departamento del Cauca concentra el 67% de los reportes, con un total de 359 casos, seguido por Antioquia (25), Putumayo (21), Valle del Cauca (21) y Huila (14).
La Defensoría también advierte que el subregistro es preocupante, ya que muchas familias no denuncian por miedo a represalias.
«Se requiere con urgencia fortalecer entornos protectores, especialmente en escuelas y comunidades, y garantizar canales seguros y efectivos de denuncia», señaló el ente.
En cuanto a la pertenencia étnica, los datos muestran que 267 víctimas pertenecen a comunidades indígenas, 32 a población afrocolombiana, mientras que en 157 casos no se reconoce ningún grupo étnico, y 77 no cuentan con información suficiente.
Grupos armados responsables
Los casos han sido atribuidos, principalmente, a estructuras disidentes de grupos armados ilegales.
El Estado Mayor Central encabeza la lista con 202 casos atribuidos, seguido por disidencias sin especificar (180), grupos armados sin identificar (93), ELN (16), Segunda Marquetalia (15) y el Ejército Gaitanista de Colombia (14). También se reportaron acciones de crimen organizado y otros actores armados ilegales.
El fenómeno persiste en 2025
En lo que va de 2025, ya se han reportado 13 nuevos casos, de los cuales 9 corresponden a niñas. La mayoría de estas víctimas también pertenecen a comunidades indígenas.
Los hechos se han presentado principalmente en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander.
Las cifras por sí solas reflejan una problemática estructural que continúa afectando a las poblaciones más vulnerables del país.
