Expertos alertan sobre la falta de garantías de protección a los menores y la incidencia del conflicto armado y la migración.
Un informe conjunto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Igualdad reveló que, entre enero y abril de este año, 1.804 menores de edad entre los 14 y 17 años han sido vinculados a delitos penales en el país. La cifra, que refleja una grave crisis de protección a la infancia, ha encendido las alarmas entre expertos en justicia juvenil y derechos humanos.
El informe analiza múltiples factores que afectan a la niñez y adolescencia en Colombia, incluyendo situaciones de abuso, abandono, permanencia en la calle, y reclutamiento por grupos armados ilegales. Sin embargo, el dato más preocupante es el número de menores que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) por delitos como homicidio, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y violencia contra funcionarios públicos.
Cifras preocupantes y regiones más afectadas
Entre los delitos registrados en lo corrido del año, se reportan: 67 menores por homicidio, 140 por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, 288 por tráfico o porte de estupefacientes y 31 por violencia contra servidores públicos.
Las regiones con mayor número de menores judicializados son: Bogotá con 369 casos, Antioquia, 273; Valle del Cauca, 252; Santander, 134; Cundinamarca, 122, y Atlántico con 106.
Además, 119 de los menores judicializados son de nacionalidad venezolana, un grupo particularmente vulnerable debido a la ruptura del núcleo familiar y las condiciones de exclusión social.
Reclutamiento forzado y conflicto armado
El informe también destaca que 184 menores fueron vinculados este año a procesos de restablecimiento de derechos tras ser reclutados por grupos armados ilegales. De estos, 155 tienen entre 15 y 17 años, y 27 están entre los 11 y 14 años. Las zonas con mayor incidencia de este fenómeno son Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare y Nariño.
La abogada Margarita Useche, especialista en ciencias penales y justicia juvenil, afirmó que Colombia ha fallado en la implementación de mecanismos efectivos para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Este fenómeno obedece a la falta de garantías estatales para proteger a la niñez. La dinámica del conflicto armado y la migración agrava esta situación, especialmente en zonas fronterizas como Santander y Norte de Santander”, explicó.
Useche añadió que, aunque los adolescentes entre los 14 y 18 años tienen capacidad penal, es necesario comprender los entornos de manipulación y vulnerabilidad en los que muchos de ellos operan.
